La decisión del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), emergió tras la Procuraduría General de la República (PGR) pidiera el archivo de la indagación y la PF reconociera que veía indicios de que Bolsonaro cometió un delito de divulgación de datos sensibles.
Según De Moraes, el material de la violación del secreto es fundamental para el análisis de la PGR, pues la información sobre la infracción debe ser confidencial.
«La Policía Federal, para concluir la investigación, remitió a los medios de comunicación el material obtenido de la violación del secreto telemático, no preparando, sin embargo, informe específico de esa diligencia, esencial para el análisis completo de las pruebas por el fiscal general», escribió.
En agosto de 2021, Bolsonaro dio a conocer en redes sociales el texto completo de una investigación de la PF sobre un supuesto ataque al sistema interno del Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2018 -y que, según la propia corte, no supuso ningún riesgo para las elecciones.
Por ley, todo funcionario público tiene la obligación de proteger la información confidencial.
En el mismo mes, los ministros del TSE enviaron una noticia-crédito dirigida a De Moraes informando sobre la supuesta conducta criminal atribuida a Bolsonaro.
Tras recibir el mensaje, el magistrado decidió abrir una investigación sobre el mandatario de tendencia ultraderechista.
En su dictamen, el procurador general de la República, Augusto Aras, consideró que, aunque la información haya sido divulgada por el presidente de manera distorsionada, no hubo delito en la conducta.
Por su parte, en un informe remitido por la PF al STF en enero, la delegada Denisse Ribeiro indicó que vio indicios de delito y reunió elementos sobre la «acción directa, voluntaria y consciente» de Bolsonaro de divulgar información clasificada de una pesquisa en curso.
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