El jurista José María Balcázar criticó el hecho de que la extrema derecha, con apoyo de grupos considerados de centro, archivaron el proyecto, bloqueando su discusión por el plenario y la población, y rechazaron iniciativas para seguir discutiendo el tema en más sesiones, por su importancia.
No funciona el Parlamento, «debe ser cesado, debe haber nuevas elecciones para que entre gente nueva, sobre todo la juventud y las mujeres ,a fin de oxigenar la vida política», alertó el congresista del cogobernante Partido Perú Libre (PPL).
En su opinión, dijo, el rechazo al proyecto reflejó el miedo subconsciente a ser desplazados por la Asamblea Constituyente, aunque en el breve debate de ayer los defensores del proyecto mencionaron entre las causas del veto las posiciones antidemocráticas de la derecha y su defensa de intereses privados.
Señaló que lo veloz del rechazo contrasta con las largas discusiones sobre normas de menor importancia y deploró la no preparación profesional y carencia de emoción social de muchos legisladores.
Balcázar agregó que, en su condición de jurista y catedrático, está acostumbrado al debate de ideas, pero cuando plantea acotaciones sobre un tema en discusión «no hay respuesta en la oposición, simplemente hay un carpetazo (voto irreflexivo)» de la derecha para imponer su punto de vista.
El rechazo al proyecto de referendo ocurrió en la Comisión de Constitución, cuya presidenta, Patricia Juárez, integrante del bloque de derecha extrema, comenzó la sesión presentando el proyecto de archivado.
Como argumento central, el rechazo al referendo sostuvo que la Constitución de 1993, cuyos críticos consideran neoliberal extrema, tiene un artículo que solo contempla su reforma por el Congreso, por lo cual este es el único poder constituyente, aunque delegado.
Según la parlamentaria progresista Sigrid Bazán, ese artículo refleja la voluntad del poder constituyente de hace casi 30 años y el actual, el pueblo, no es el mismo de entonces, y la ciudadanía presente tiene ese poder y el derecho de ejercerlo.
Los defensores de la carta magna actual sostuvieron además que la constituyente será usada por el Gobierno para perpetuarse en el poder y hasta eliminará el Congreso.
El Ejecutivo explicó que no intervendrá en la redacción de la nueva carta magna y el proyecto establece que los poderes del Estado seguirán en funciones.
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