Porras aseguró en su discurso de toma de posesión que continuará aplicando «una justicia objetiva y no selectiva» en su mandato hasta 2026, una labor de gran compromiso y oportunidad a favor de la ciudadanía guatemalteca, dijo.
En el acto ante los trabajadores, la funcionaria electa por Giammattei el pasado lunes, de una lista de seis aspirantes, se comprometió a tener un MP «respetuoso de la ley, imparcial, objetivo e independiente, velando siempre por el respeto irrestricto de los derechos humanos de las víctimas y de las partes procesales».
Ya ese mismo día, horas antes, al presentar su informe de labor anual, Porras consideró exitosos sus primeros cuatro años de gestión, en su opinión, al llevar a un primer lugar de eficiencia al sector justicia desde 2018. Entre las prioridades 2022-2026, citó el combate al crimen organizado transnacional, a la corrupción y la impunidad, el fortalecimiento de la persecución penal y las políticas de atención especializada para la protección de la familia y grupos vulnerables.
Sin embargo, su designación nuevamente en el cargo no despertó el mismo entusiasmo en organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos tanto en Guatemala como en el exterior, las cuales la señalan con el mayor retroceso en el MP y con la persecución abierta a fiscales independientes y la obstrucción de casos de corrupción de alto impacto.
Incluso desde el inicio del proceso de elección a cargo de una Comisión Postuladora, a finales de enero, se mantuvieron vigilantes, acompañaron cada reunión de trabajo y presentaron tachas contra Porras, quien finalmente acumuló la mayor cantidad de impugnaciones, pero salió libre de la mayoría.
Su inclusión a última hora en la lista final de seis candidatos se recordará aquí como la más grotesca manipulación de los últimos años, pues bajo presión de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, siete comisionados que en nueve rondas de votaciones votaron en contra, de un día para otro cambiaron su posición, recordaron medios de prensa.
Desde que Giammattei comunicó la designación de Porras, funcionarios de Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña expresaron al Gobierno su inconformidad con la elección de una figura que consideran vinculada al retroceso de la lucha anticorrupción en este país centroamericano.
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