Ayer los diputados pasaron en su primer debate reformas al subsidio vigente solo para los dos primeros combustibles; sin embargo, en un mensaje a la nación por la noche, el ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel pidió al Legislativo adoptar una nueva propuesta para incluir todos los tipos y paliar el alza descontrolada de precios.
Es así que este miércoles con el respaldo de 108 votos de 160 posibles, el descuento directo a los guatemaltecos por galón se amplía y llega a siete quetzales el diésel (0,91 centavos de dólar) en comparación con los cinco quetzales de la subvención aprobada el 15 de marzo (0,65 centavos de dólar).
En el caso de la gasolina regular, antes recibía un beneficio de 2,5 quetzales (0,33 centavos de dólar) y ahora sube a cinco quetzales, al igual que la súper (0,65 centavos de dólar).
Según explicó el titular de Finanzas, anoche en cadena nacional, el financiamiento de este descuento se realizará con saldo de caja del presupuesto actual, sin adquirir nueva deuda, y durará hasta el 31 de julio.
No obstante, prevalece el recelo en los consumidores, ya que la entrada en vigor del anterior apoyo no implicó rebajas considerables precios, sino todo lo contrario, volvieron a dispararse sin que funcionara la fiscalización a las gasolineras ni la publicación de cifras de referencia a modo de monitoreo y transparencia.
Los precios de los combustibles alcanzaron ayer cifras récords en algunos centros expendedores de esta capital con 42,86 quetzales (5,59 dólares) la gasolina regular y el diésel 40,08 quetzales (5,23 dólares).
El Gobierno argumenta que, en esta ocasión, «los guatemaltecos gozarán de un beneficio que supondrá un descuento superior al impuesto a la distribución de petróleo que pagan las gasolinas», pero la desconfianza crece día a día a la par de los precios.
En la sesión de hoy, la segunda extraordinaria de esta semana, el Legislativo también dio luz verde en tercer y último debate a un polémico préstamo por 500 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
El Ejecutivo justificó su necesidad para pagar deuda cara por una con menos intereses.
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