La colección de cuatro estudios y una herramienta virtual que visualiza los datos y que de manera interactiva permite acceder a información según las categorías de salud, fiscal y consumo, precisó el PNUD durante la presentación por la plataforma Zoom, de las investigaciones Costo del alto consumo de plaguicidas en Costa Rica.
El objetivo de esos análisis, sostiene la entidad internacional, radica en proveer evidencia que permita la toma de decisiones sobre la problemática de la contaminación por plaguicidas; el costo elevado de las exoneraciones y de los tratamientos de las afectaciones a la salud humana por estas sustancias.
El representante residente auxiliar del PNUD en Costa Rica, Kifah Sasa, apuntó que pretenden resaltar los problemas asociados al impacto negativo que tiene el alto consumo de plaguicidas y su vínculo con costos fiscales y económicos del país.
Nos anima, resaltó, el que la nueva Administración (del presidente Rodrigo Chaves) ha señalado que pondrá especial atención a las diferentes exoneraciones.
Sasa espera que con esta información los tomadores de decisión y la ciudadanía puedan analizar todas las aristas necesarias a la hora de pensar en reformas multidimensionales al régimen de exoneraciones y al manejo y consumo de plaguicidas por el sector agropecuario del país.
La renuncia fiscal o el dinero por impuestos que el Estado no cobra a quienes importan plaguicidas fue de más de 22 millones de dólares en 2018, indican los estudios.
La investigación sobre Uso Aparente de Plaguicidas en la Agricultura de Costa Rica refiere que el consumo aparente de plaguicidas promedia 34,45 kilogramos por hectárea, muy por encima de un estimado previo de 11,5 kilogramos por hectárea, dictado por el Servicio Fitosanitario del Estado, en función de un ajuste en el método de cálculo que propone el autor.
El análisis sobre Modificación de exoneraciones a agroquímicos importados como potencial fuente de financiamiento para un eventual pago de servicios ambientales, describe cómo las exoneraciones a los insumos agrícolas generan una renuncia fiscal muy costosa, ascendente solo en 2018 a 22 millones de dólares.
El Diagnóstico de afectación a la salud por uso de plaguicidas en Costa Rica, elaborado en estrecha coordinación con la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), demuestra la relación existente entre el uso de plaguicidas y la presencia de algunas enfermedades, especialmente en algunos grupos de mayor vulnerabilidad.
Además, el estudio Costo Económico y Fiscal del Uso de Plaguicidas en Costa Rica refleja que la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros invierten anualmente nueve millones de dólares en la atención médica, pago de incapacidades y la productividad perdida por trabajadores y consumidores.
El PNUD destacó que estos análisis forman parte de los esfuerzos de la entidad por acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reducir las desigualdades en Costa Rica y promover los derechos de aquellas poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad.
mem/ale
