De los ocho ministros que votaron en la sesión, solo se mostró en contra el ministro Vital do Rêgo, quien llegó a pedir la suspensión del procedimiento hasta que la corte concluyera una inspección de las deudas judiciales de la compañía, lo cual podría provocar su infravaloración.
También por siete a uno, los ministros denegaron la solicitud de interrupción.
Ahora el Ministerio de Minas y Energía y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que colabora en la operación, deberán cumplir con algunas determinaciones y recomendaciones del tribunal, pero sin perjuicio de la continuidad del proceso.
El juicio fue la segunda y última etapa de análisis en el TCU. En esta fase, evalúa el modelo de venta propuesto por la Unión, incluida la gama de valores de las acciones que se ofrecerán en bolsa.
Un primer ciclo fue aprobado en febrero. En esa ocasión, los ministros analizaron y aprobaron la llamada prima de adjudicación que, tras la privatización, Eletrobras deberá pagar al sindicato por la renovación de los contratos de las 22 centrales hidroeléctricas de la empresa.
El Gobierno optó por realizar la privatización en forma de capitalización, es decir, se ofrecerán nuevas acciones de Eletrobras en la bolsa, en una oferta que no será acompañada por la Administración federal, que dejará de ser la accionista mayoritaria de la sociedad.
Cuando el proceso concluya, la compañía se convertirá en una sin accionista de control definido. Es decir, se adoptó un modelo similar para la desestatificación del conglomerado fabricante de aviones Embraer: ningún accionista tendrá un poder de voto superior al 10 por ciento de sus acciones.
El objetivo es precisamente pulverizar el capital empresarial para que no haya ningún grupo dominante sobre sus decisiones.
La aprobación del TCU era el último paso pendiente del Gobierno para desnacionalizar este año la empresa que representa el 30 por ciento de la energía eléctrica generada en el país.
Por ende, la primera en ser vendida por el gobierno del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro. El Congreso dio el visto bueno en junio de 2021.
Al respecto, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva denunció en redes sociales que «sin una Eletrobras pública, Brasil pierde gran parte de su soberanía y seguridad energética».
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