La elección de Walter Mazariegos para rector de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) fue el 14 de mayo, a puertas cerradas, sin todos los cuerpos electorales legitimados en las urnas y con un amplio dispositivo policial que no dudó en utilizar la represión contra quienes protestaban en las afueras del capitalino Parque de la Industria.
Y si bien ya todo el proceso anterior concitó fuertes críticas por irregularidades e indicios de fraude, este se consumó ese día y dio pie desde el lunes pasado a la toma de varias unidades académicas de la única casa de estudios pública del país por parte de estudiantes, incluido el Campus Central y ayer la rectoría.
En ese contexto de defensa de la autonomía universitaria, nació la Asamblea Permanente por el Rescate de la USAC, órgano que en asamblea exige al Consejo Superior Universitario (CSU) su renuncia, así como la realización de nuevas elecciones para terminar con lo que denominan farsa de las mafias que mantienen cooptado el único centro público del país.
Como colofón, la víspera, de las primeras acciones de rescate, estudiantes, docentes, trabajadores y profesionales egresados de sus sedes protagonizaron una nutrida «Marcha por la Dignidad y contra el Fraude», la cual recorrió varias avenidas capitalinas hasta terminar en el Campus Central.
«No al Fraude», «La educación no se vende, se defiende», «Walter Mazariegos no nos representa» y «Ciencia para el pueblo no para las mafias», fueron algunas de las demandas enarboladas en carteles y pancartas que expresaron el hartazgo actual.
Sin embargo, expertos aseguran que lo que sucede en la USAC es apenas la punta del iceberg de la crisis política y social del país, tras la designación de la fiscal general Consuelo Porras en el cargo por cuatro años más, el lunes último, por parte del presidente Alejandro Giammattei.
Al descontento ciudadano se suman los altos precios de los combustibles, la canasta básica y de la electricidad, además de la política de criminalización contra jueces, fiscales independientes y periodistas por el Ministerio Público, donde hubo protestas contra la labor de Porras el jueves último y un día después en el Congreso.
Este sábado, los 48 cantones de Totonicapán y las cinco juntas directivas de la Asamblea del Concejo de Alcaldes llamaron a organizaciones indígenas, universidades, iglesias, maestros, sindicatos de trabajadores y a la población en general a sumarse a la manifestación denominada #21SABADODELUTO, y si el Gobierno desoye sus demandas amenazaron con un paro general.
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