En el encuentro con el fiscal general interino, Warner Molina, y la fiscal adjunta de Asuntos Indígenas, Ariana Céspedes, los representantes de los pueblos originarios expresaron inquietudes y demandas sobre el actuar discriminatorio y racista de diversas instancias judiciales en la atención, trámite y resolución de los casos en los que ellos son parte.
Durante la reunión, entregaron varios documentos, y en uno de ellos solicitan que en un plazo razonable les brinden un informe pormenorizado del actuar del Ministerio Público en las causas judiciales o hechos descritos en un escrito adjunto.
Precisan que dicho informe deberá ser valorativo y no solo una descripción de lo realizado, sino, que se valore cuáles han sido los resultados, obstáculos y aciertos de las investigaciones realizadas, así como, recomendaciones autocríticas a futuro.
Asimismo, piden un compromiso para que las investigaciones pendientes o en curso indicadas sean realizadas con absoluta imparcialidad, diligencia y libres de racismo y cualquier otra discriminación por parte del Ministerio Público.
También, reclaman que el Ministerio Público, en coordinación con otras instancias judiciales, vaya a los territorios indígenas a tomar las denuncias ante las constantes agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios y en coordinación con estas comunidades.
Que el Ministerio Público establezca alguna directriz o manual de procedimientos culturalmente apropiado para la atención de casos en los cuales estén involucrados pueblos originarios y que dicho instrumento sea consultado con los mismos, constituye el cuarto punto demandado.
El quinto llama a instalar los canales de comunicación adecuados, ágiles y oportunos entre las partes.
De acuerdo con el comunicado de los indígenas participantes, las autoridades manifestaron su compromiso de analizar los documentos entregados y dar respuesta por escrito.
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