En el juicio de dos días, testigos fueron escuchados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo por 12 jurados de siete nacionalidades diferentes.
Simultáneamente, la audiencia ocurrió en Roma, donde se encuentra la sede de la corte con impacto simbólico y de reputación, al emitir veredictos sin imponer sanciones.
Fundada en 1979, ese juzgado es un órgano de opinión, sin efectos condenatorios desde el punto de vista jurídico, que examina casos relacionados con violaciones a partir de las denuncias de los autores de tales crímenes ante la opinión pública internacional.
La denuncia recibida por el tribunal fue elaborada hace más de seis meses por la Comisión Arns (Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns), la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la Coalición Negra por los Derechos y la Internacional de Servicios Públicos.
El documento acusatorio se tituló «Pandemia y autoritarismo: Las responsabilidades del gobierno de Bolsonaro por las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de los pueblos brasileños perpetradas a través de las políticas adoptadas en la pandemia de Covid-19».
Tal demanda apunta a una propagación intencional del patógeno a partir de acciones y omisiones del gobierno de Bolsonaro, que habría afectado desproporcionadamente a las poblaciones indígenas y negras.
De igual manera a los profesionales de la salud, acentuando las violaciones de los derechos humanos, las vulnerabilidades y las desigualdades que promovieron muertes evitables.
La defensa de la acusación se dividió entre los abogados Eloisa Machado, profesora de derecho constitucional en la Fundación Getulio Vargas y miembro de la Comisión Arns; Maurício Terena, asesor jurídico de APIB; y Sheila de Carvalho, organizadora de la Coalición Negra por los Derechos.
Además, contó con el apoyo del Consejo Indígena Misionero y otras entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
El jurado se reunirá ahora en privado para definir y redactar la sentencia, que debería dictarse en julio.
Según el médico italiano Gianni Tognoni, secretario general del tribunal, el juicio es la consolidación de un trabajo de unos seis meses en el que el objetivo era asegurar la «presencia real» de las comunidades víctimas de todo lo denunciado contra el mandatario de tendencia ultraderechista.
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