La nueva organización reúne a fuerzas políticas, activistas de la sociedad civil y opositores al mandatario, que calificaron de golpe el proceso del 25 de julio.
En el Frente se encuentran Ennahdha, Amal, al Irada, al Karama, Qalb Tounes y la iniciativa Ciudadanos contra el Golpe.
El órgano ejecutivo está encabezado por el político Nejib Chebbi e integrado además por Samira Chaouachi, Jawhar Ben Mbarek, Ridha Belhaj, Samir Dilou, Yousra Dali, Sami Chebbi, Mohamed Amin Saidani, Omar Sifaoui y Riadh Chaibi.
Chebbi afirmó que están deseosos de volver a poner en marcha el proceso democrático mediante la unificación de las fuerzas de la sociedad civil en aras de salir de la crisis económica y social.
«Hoy en día, no hay una tercera vía: es apoyar el golpe de Estado y el régimen autocrático de Saied o defender la Constitución y las libertades», argumentó Chebbi.
El Frente creó una comisión de libertades para controlar las violaciones y hacer un seguimiento de los expedientes judiciales de los opositores políticos.
Lo anterior se suma a una comisión de asuntos jurídicos, otra encargada de las relaciones con los medios de comunicación, así como un foro de reflexión formado por varios expertos y dirigido por el periodista Slaheddine Jourchi.
Mbarek dijo que el Frente pide un diálogo nacional real e inclusivo, un gobierno de salvación y elecciones anticipadas supervisadas por lo que consideró una autoridad electoral legítima.
Entretanto, la poderosa Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) anunció este martes una huelga nacional del sector público el 16 de junio, para protestar contra el aumento de la inflación y evitar la privatización de las principales empresas estatales.
El anuncio llega en momentos en que el gobierno contaba con el apoyo de la central sindical para el programa de reformas presentado al Fondo Monetario Internacional (FMI) con la esperanza de obtener nuevos créditos.
El ejecutivo presentó al FMI un plan que incluye la congelación de la masa salarial de la administración pública, la reducción gradual de algunas subvenciones estatales y la reestructuración de las empresas públicas.
Las autoridades esperan unos cuatro mil millones de dólares, pero la organización multilateral espera el compromiso de los sectores sociales para la aplicación del programa.
La UGTT anunció la semana pasada su negativa a participar en un diálogo nacional lanzado por Saied, que excluye a los partidos políticos.
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