Por Maitte Marrero
Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala
La causa: su reciente resolución de mandar a juicio a nueve exmilitares y policías acusados de desaparición forzada, delitos contra deberes de la humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa en el caso Diario Militar o Dossier de la Muerte.
Las intimidaciones contra Gálvez son de vieja data si se tiene en cuenta que en sus años de carrera dio curso a expedientes de alto impacto:
Solo en 2016 envió a juicio a más de 50 personas por el caso cooptación del Estado, entre ellas, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, actualmente en prisión preventiva y a la espera de varios procesos por corrupción.
En ese entonces, la seguridad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió varias llamadas con amenazas de colocar bombas en la Torre de Tribunales como represalia por los casos que llevaba.
Pero el acoso cobra especial relevancia ahora en que la persecución y criminalización maliciosa contra jueces y fiscales ponen en riesgo la independencia judicial; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, mantiene un silencio cómodo para quienes vierten las amenazas, al igual que la fiscal general Consuelo Porras, al frente del Ministerio Público (MP), encargado de investigarlas.
Llama la atención que, en este caso como en anteriores, está la mano del presidente de la llamada Fundación contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez, quien publicó en su cuenta de Twitter que “es el turno de Gálvez y le hará pagar por los graves delitos cometidos al frente de su judicatura”, o “Lo vamos a ver preso o exiliado, empeño mi palabra en eso”, sin ninguna consecuencia.
El problema, afirma Gálvez, es cómo las instituciones se prestan a su juego, una especie de lotería en redes sociales, donde pone la foto de las “víctimas” y los últimos acontecimientos indican que caen presos o salen huyendo del país.
La lista ya incluye a 24 operadores de justicia forzados a salir al exilio por casos fabricados y denuncias sin sustento como represalia por la independencia a la hora de investigar y juzgar a personas relacionadas con élites políticas, económicas, militares y estructuras criminales.
Los más recientes, la exfiscal general Thelma Aldana (marzo de 2019), Juan Francisco Sandoval (2021 y al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad) y la jueza de Mayor Riesgo D, Érika Aifán, quien abandonó Guatemala en marzo de 2022, todos bajo persecución del MP.
“Ya solo quedamos de esa lotería Yassmín Barrios (dictó la sentencia por genocidio contra Efraín Ríos Montt) y su servidor”, expresó Gálvez a raíz de las amenazas. “Como guatemalteco, sinceramente, amo a mi país. Y soy sincero: yo no quisiera irme del país”, dijo.
Aunque reconoció lo difícil del momento con la frase “somos espectadores pasivos de cómo un país se viene a pique porque nos estamos alejando cada vez más de un Estado de derecho”.
Pocos días después de su veredicto en el caso Dossier de la Muerte, Gálvez también ordenó procesar a Toribio Acevedo, un hombre al que varios testigos señalaron como parte de los crímenes recogidos en ese documento, el cual muestra al menos 183 víctimas de actos de tortura, tratos crueles y en algunos casos ejecución extrajudicial entre 1983 y 1985.
Acevedo es un hombre importante, fue por más de 30 años jefe de seguridad de la empresa Cementos Progreso y en algún momento también representante legal de la misma. La fecha de juicio de los primeros nueve exmilitares se fijó para junio y es muy probable que las amenazas continúen o se incrementen.
Jueces como Gálvez marcan la diferencia por el irrestricto apego a la ley y por eso, paradójicamente, son perseguidos.
ENTRE AMENAZAS E INTIMIDACIONES
En la diana también aparecen periodistas y medios de prensa muy críticos al Gobierno de Alejandro Giammattei y sus políticas públicas.
Recientemente, elPeriódico repudió en un comunicado al pueblo de Guatemala los intentos de acoso judicial e intimidaciones provenientes del sector oficial contra sus directivos y reporteros, sobre quienes, dijeron, se cierne la amenaza inminente de cárcel y la censura.
“Quieren silenciar elPeriódico, castigar definitivamente su línea independiente para, según ellos, invisibilizar ante la población los pasados, presentes y futuros actos graves de corrupción, y que queden en total impunidad. Quieren callar a un medio y, más grave, vedar el derecho a la libre información de los guatemaltecos», alertaron en el texto.
También el vespertino La Hora y corresponsales del medio alternativo Prensa Comunitaria fueron víctimas de similares procedimientos, una situación documentada por la Asociación de Periodistas (APG) de este país centroamericano.
Según su informe de mayo, hubo 313 ataques en contra de comunicadores y medios de comunicación de enero de 2020 a marzo de 2022, y 29 denuncias de periodistas en el primer trimestre de este año.
Las agresiones contra miembros de la prensa fueron mayoritariamente por parte de las fuerzas de seguridad pública y autoridades de distintos niveles estatales, según consta en el documento “Estado de Situación de la Libertad de Expresión”.
Este panorama convierte al gobierno de Giammattei en la gestión con más represiones, persecución e intolerancia hacia la prensa, denunció la APG.
Los principales patrones, advirtieron, fueron limitaciones para acceder a las fuentes informativas y las campañas de difamación, acoso y desprestigio en redes sociales.
En el primero de los casos, los responsables directos son trabajadores del Estado, mientras que, en el segundo, se sospecha fuertemente del involucramiento directo o indirecto de empleados y autoridades públicas, principalmente de la Presidencia y el MP, de acuerdo con el informe del Observatorio de Periodistas.
Entre las autoridades identificadas en estos actos, destacan las del Organismo Judicial (OJ), relacionadas con restricciones para acceder y cubrir audiencia y amenazas con iniciar procedimientos penales contra periodistas.
Para la analista Marielos Monzón, Guatemala se acerca peligrosamente al Estado-mafia, en tanto el sistema de justicia es instrumentalizado como herramienta de acoso y castigo para silenciar voces críticas, mermar el liderazgo social, perseguir a la oposición política o a periodistas, fiscales e investigadores que develan ilegalidades.
Ya no solo se trata de evitar que les investiguen o les juzguen, hay un propósito claro de venganza por ser las personas más visibles que encabezaron, apoyaron y promovieron la lucha contra la corrupción y la impunidad, aseguró.
Los ataques, alertó Monzón, tienen también otro efecto: lanzar un mensaje a la sociedad de que el costo de disentir y fiscalizar puede ser extremo, la cárcel o el exilio.
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