El más reciente informe del Servicio Nacional de Migración (SNM) precisa que entre enero y mayo de este año, esa peligrosa vía de la jungla la transitaron 32 mil 797 personas, el doble de los registros en igual período de 2021 (15 mil 949 viajeros) con rumbo a Estados Unidos.
La crisis migratoria, según el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, motivó a que los gobernantes de la región se sentaran a buscar alternativas para enfrentar la situación, un eje de la recién concluida IX Cumbre de las Américas que incluso adoptó una polémica declaración sobre el tema.
Ya en 2021, por Panamá transitaron más de 133 mil migrantes irregulares, para los cuales crearon centros de recepción en el trayecto y albergues en otras provincias como Chiriquí, con millonarios costos en insumos de salud, alimentación y registros biométricos.
Según el SMN, de los 32 mil 797 migrantes registrados hasta mayo último, 16 mil 720 son venezolanos, país excluido de la reunión de Los Ángeles, California, al igual que Cuba y Nicaragua.
De ahí que analistas estimen que el llamado de Cortizo en su intervención en esa cita de medidas concretas y el ánimo supuesto de la Declaración de Los Ángeles, caen en saco roto si se mantienen las medidas unilaterales y discriminatorias de Washington en torno a una migración regulada y segura, como afirman sus enunciados.
Para organizaciones populares en Panamá como el Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), la doble moral del Ejecutivo es más evidente cuando con la justificación de enfrentar ese fenómeno, permite la injerencia extranjera como la instalación de bases militares binacionales con Colombia en el Darién.
El coordinador de Frenadeso, Jorge Guzmán, dijo a Prensa Latina que una muestra de la subordinación de este Gobierno a Estados Unidos son la estadía del secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, en abril último y ahora la visita a Panamá de Richardson.
A su llegada la víspera a esta capital, la alta oficial del Pentágono fue recibida por el jefe de Estado, la canciller Erika Mouynes y el ministro de Seguridad, Juan Pino.
Para Guzmán la rechazada presencia de estos personajes, entre otros, solo viene a apuntalar la estrategia de dominio imperial, con el falso argumento de estrechar la cooperación regional y entre los dos países en materia de seguridad fronteriza, como afirma la embajada estadounidense en el istmo.
Como antes lo hizo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, también Richardson recorrerá el Darién para entrevistarse con Pino y los directores del Servicio Nacional de Fronteras, Oriel Ortega; del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine; y del Servicio Nacional Aeronaval, Jeremías Urrieta.
Acompañan a Richardson, la general de División Levon Cumpton, del estado de Missouri; el director de Estrategias, Políticas y Planes del Comando Sur, general Calvert Worth; la jefa de la División del Atlántico Sur, general Jason Kelly; y el agregado de Defensa, Richard Ursery.
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