Apelaremos ese veredicto inicial, porque los jueces británicos ya habían aprobado esos vuelos, y yo todavía creo que es lo mejor que puede suceder, afirmó este miércoles la ministra de Trabajo y Pensiones, Therese Coffey, en declaraciones a la televisora Sky News.
Al menos siete personas que ingresaron al Reino Unido de forma irregular iban a ser enviadas la víspera a Ruanda, como parte de un plan diseñado por el gobierno británico para tratar de desestimular el flujo de migrantes que llegan al país a través del canal de La Mancha.
La intervención en el último momento del tribunal europeo y la avalancha de recursos legales presentados por grupos de derechos humanos y organizaciones benéficas obligó a las autoridades de Inmigración a cancelar la salida del vuelo.
Interrogada al respecto, Coffey dijo que el gobierno conservador estaba preparado para las demandas que se presentaron en los cortes locales, y que fueron rechazadas en su mayoría por los jueces, pero se declaró sorprendida por intervención de la instancia europea.
Creo que al público le sorprenderá saber que tenemos jueces europeos que revocan las decisiones de los nuestros, comentó la funcionaria, quien señaló, no obstante, que ya comenzó a prepararse el próximo vuelo.
Pese a abandonar la Unión Europea en 2020 como parte del Brexit, el Reino Unido sigue bajo la jurisdicción del llamado Tribunal de Estrasburgo, aunque el primer ministro británico, Boris Johnson, dio a entender la víspera que Londres podría abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos.
¿Será necesario cambiar algunas leyes para ayudarnos a medida que avanzamos? Puede ser», declaró el gobernante a ITV News.
El Partido Laborista dijo este miércoles que el gobierno sabía de antemano que su plan de deportaciones enfrentaría una fuerte oposición legal, pero decidió seguir adelante para distraer a la opinión pública de los escándalos políticos que lo afectan.
Según el diputado David Lammy, quien se desempeña como canciller en el llamado gabinete a la sombra, para detener la migración irregular y acabar con las bandas de traficantes de personas, el Reino Unido debe negociar con las autoridades de Francia, Bélgica y la Unión Europea y darle más recursos a la policía.
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