Este lunes, el cardenal Álvaro Ramazzini junto a un grupo de apoyo, visitó a Gálvez en el juzgado para manifestarle total «reconocimiento a su función, independiente e imparcial», razón por la cual, dijeron, está siendo criminalizado.
El 15 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó el trámite de retiro de inmunidad del togado interpuesto por la Fundación contra el Terrorismo y designó a la jueza pesquisidora Zonia de la Paz para dar curso a la denuncia, considerada espuria y sin fundamento en el comunicado difundido hoy en esta capital.
«El juez Gálvez, con su función de administrar justicia, ha defendido siempre los derechos humanos de la ciudadanía y con sus resoluciones y sentencias, ha coadyuvado para avanzar en la identificación de las fuentes o de las causas de la corrupción», destaca el texto.
En ese sentido, apunta, logró desarticular cuerpos ilegales, aparatos clandestinos de seguridad, y aplicar el derecho interno e internacional correctamente.
Los firmantes reconocen que «el país se encuentra en una de las más graves crisis institucionales desde la postguerra» y señalan a la CSJ de «afectar de facto la independencia judicial y atacar a jueces honestos e imparciales, forzándolos al exilio».
En el documento consideran el hecho de aceptar una denuncia espuria contra Gálvez como un paso más para lograr su persecución y criminalización, además de llevarlo a buscar refugio en otro país para proteger su integridad física.
Los ataques contra el profesional del derecho son una constante, pero se intensificaron desde el 5 de junio, cuando resolvió enviar a juicio a nueve exmilitares y policías sindicados en el caso Diario Militar por los delitos de lesa humanidad contra 183 personas entre 1983 y 1985.
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