La medida quedó oficializada mediante el decreto ejecutivo 459, por grave conmoción interna en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura.
«Esta declaratoria se da con motivo de las actuaciones violentas que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y amenazan el correcto funcionamiento de los sectores estratégicos vitales para la economía del país», indica el texto.
Señala además que también responde a la posibilidad de radicalización de las medidas por declaraciones públicas que llaman a la realización de protestas no pacíficas indefinidas.
Con una vigencia de 30 días a partir de hoy, la excepcionalidad se aplicó en las provincias que según el mandatario concentran la mayoría de actos violentos contra la integridad tísica de las personas, provisión de servicios públicos y privados y el normal desenvolvimiento de las actividades económicas.
El estado de excepción permite una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos, el orden público y la paz social.
Durante ese lapso se establece el Distrito Metropolitano de Quito como Zona de Seguridad, con el fin de garantizar la protección de esa área y que el espacio territorial en mención, se supedite a regulaciones especiales para control y seguridad.
Asimismo, queda dispuesto a las Fuerzas Armadas la conformación de una Fuerza de Tarea Conjunta para materializar el objetivo de la Zona de Seguridad, así como la movilización de todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La derogación del decreto anterior y emisión del nuevo estado de excepción obstaculizó el debate previsto esta jornada en la Asamblea Nacional para evaluar la pertinencia de la medida.
Se esperaba que la mayoría en el pleno legislativo aprobaría la derogación del estado de excepción establecido en el decreto 455 a lo cual se adelantó el dignatario con su decisión de revocarlo.
El paro nacional comenzó el lunes 13 de junio por convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) contra medidas económicas de corte neoliberal que afectan a las familias trabajadoras de menos ingreso y al mismo se unieron otras organizaciones sociales.
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