La postura del ejecutivo la hizo pública el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en entrevista televisiva.
«No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital. Ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir», aseguró el titular.
Según añadió, primero es necesario que las partes conversen y pongan los temas sobre la mesa.
Al respecto, reiteró la voluntad de la administración nacional, expresada verbalmente y por escrito, para abordar todos los puntos solicitados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), organización que convocó al actual paro, cuyas acciones se extienden por 10 días consecutivos.
Jiménez agregó que no es el momento de poner más condiciones ni exigir mayores demandas.
La posición del Estado fue difundida a horas de un pedido de la Conaie y otros colectivos incorporados a la protesta nacional de algunas garantías para sentarse a dialogar y solucionar los problemas que mantienen a miles de personas en las calles, ante el alza en el costo de la vida y en la inseguridad ciudadana.
En rueda de prensa, la víspera, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y otros líderes sociales, pidieron al ejecutivo derogar el estado de excepción vigente en seis provincias, así como desmilitarizar la Casa de la Cultura y el Parque El Arbolito, puntos capitalinos utilizados por los sectores indígenas y sociales para efectuar asambleas.
Según explicaron, la idea es unir a las fuerzas movilizadas para efectuar reuniones en esos espacios y adoptar resoluciones conjuntas de cara a un posible diálogo con el ejecutivo.
Esta jornada se cumple el décimo día de levantamiento en múltiples ciudades de este país andino, donde colectivos indígenas, estudiantiles, de trabajadores, campesinos y mujeres, entre otros, exigen que las políticas económicas atiendan las necesidades de la población trabajadora y de menos ingreso.
Los reclamos están contenidos en una agenda de 10 puntos, planteada por la Conaie en tres ocasiones en mesas técnicas efectuadas en 2021 con el gobierno, pero sin recibir las respuestas esperadas, razón por la cual ahora salieron a las calles.
Bajar y congelar los precios de los combustibles, rechazo a la minería ilegal, respeto a los derechos colectivos, frenar la reducción a los presupuestos para salud y educación, mayor atención al agro, generación de empleos y medidas eficaces contra la creciente inseguridad nacional, son algunos de los pedidos.
La lucha ha ocupado numerosas provincias, desde donde hay múltiples denuncias por represión de efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes.
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