El portal Brasil de Fato asegura que las acciones ocurrirán en territorios y aldeas, y también en áreas urbanas, además de las redes sociales.
Desde el pasado año se espera la reanudación del análisis en el Supremo sobre el llamado marco temporal, defendido por los sectores del agronegocio, políticos y económicos interesados en la explotación de patrimonios originarios. La movilización es organizada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Cerca de 150 aborígenes vinculados a la APIB permanecen en Brasilia desde inicio de semana participando en reuniones con parlamentarios, miembros del STF y otras acciones de incidencia.
Este jueves estarán en un acto frente a la sede del Supremo. Además de la capital, habrá movilizaciones presenciales en Sao Paulo.
La máxima corte debe votar acerca de una demanda de recuperación de tierras presentada por el gobierno del sureño estado de Santa Catarina contra el pueblo Xokleng, expulsado de sus posesiones de caza tradicionales hace más de un siglo para dejar espacio a colonos europeos.
Tal petición se refiere a los terrenos aborígenes Ibirama-Laklãno, donde viven los pueblos Guaraní y Kaingang.
Desde 2017, el Estado invoca la tesis del marco temporal para reclamar el territorio.
Según esta interpretación política-jurídica, la posesión de la tierra solo se garantiza a quienes puedan demostrar que estaban en la zona en la fecha de promulgación de la Constitución Federal, el 5 de octubre de 1988. En la práctica, esto limita el reconocimiento.
En 2019, el STF dio el estatus de «repercusión general» al proceso, lo cual significa que la decisión tomada en el caso servirá de pauta para la dirección federal y todas las instancias de la justicia con respecto a los procedimientos de demarcación.
Un fracaso en el tribunal implicaría un retroceso para los derechos de las comunidades originarias. Su determinación, que podría necesitar varias audiencias, sentará un precedente legal.
El mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro defiende ese marco temporal, al alegar que muy pocos aborígenes viven en mucha tierra, lo cual bloquea la expansión agrícola.
Para el cacique xukuru Ricardo, del noreste del país, «el Gobierno de Bolsonaro quiere acabar con nosotros. Si fuera por él no quedaría ningún indígena en Brasil», denunció.
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