Este jueves, el Supremo Tribunal Federal (STF) volvería a juzgar esa tesis, sin embargo, el presidente del juzgado, Luiz Fux, pospuso el análisis sin fecha de retorno definida.
Pese al aplazamiento, la jornada resultó de movilización de los pueblos originarios.
«Este juicio pone en entredicho la originalidad de más de 800 Tierras Indígenas (TI) en el país», afirmó Kerexu Yxapyry, líder del pueblo Guarani Mbya y coordinadora de la Comisión Guarani Yvyrupa, citada por el portal Brasil de Fato.
La también integrante de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil sostuvo que «el marco temporal, de hecho, no debería existir», pero, como consta, la decisión a su respecto será un divisor de aguas.
El Supremo debe votar acerca de una demanda de recuperación de tierras presentada por el gobierno del sureño estado de Santa Catarina contra el pueblo Xokleng, expulsado de sus posesiones de caza tradicionales hace más de un siglo para dejar espacio a colonos europeos.
Tal petición se refiere a los terrenos aborígenes Ibirama-Laklãno, donde viven los pueblos Guaraní y Kaingang. Desde 2017, el Estado invoca la tesis del marco temporal para reclamar el territorio.
Según esta interpretación política-jurídica, la posesión de la tierra solo se garantiza a quienes puedan demostrar que estaban en la zona en la fecha de promulgación de la Constitución Federal, el 5 de octubre de 1988. En la práctica, esto limita el reconocimiento.
En 2019, el STF dio el estatus de «repercusión general» al proceso, lo cual significa que la decisión tomada en el caso servirá de pauta para la dirección federal y todas las instancias de la justicia con respecto a los procedimientos de demarcación.
Hasta la fecha son tres las reivindicaciones del movimiento indígena y de funcionarios de la Fundación Nacional del Indio (Funai), en huelga desde que el periodista inglés Dom Phillips y el indigenista Bruno Araújo desaparecieron el 5 de junio en la Amazonia, donde después se comprobó su brutal asesinato.
Primeramente, demandan que el marco temporal sea juzgado y derrocado por el STF; justicia para el colaborador del diario The Guardian y el estudioso de comunidades aborígenes; y la exoneración de Marcelo Xavier de la presidencia de la Funai.
Un fracaso en el tribunal superior implicaría un retroceso para los derechos de los pueblos indígenas. Su determinación, que podría necesitar varias audiencias, sentará un precedente legal.
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