Brown confirmó la información en una rueda de prensa del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, para actualizar la situación del país, donde se cumplen hoy dos semanas de protestas del movimiento indígena y sectores sociales.
Ello por respuestas del Gobierno a una agenda de 10 puntos con temas sensibles para la población.
La titular precisó que las actividades escolares presenciales volverán a la normalidad donde la situación lo permita y será con garantías de seguridad para estudiantes y personal de las instituciones.
En los cantones donde existen cierres parciales, las instituciones podrán decidir sobre el retorno a la presencialidad, agregó.
Tras el inicio de las manifestaciones y los cierres y bloqueos de vías en 23 de las 24 provincias de Ecuador, el Ministerio de Educación decidió aplicar la virtualidad en la enseñanza en las zonas más afectadas.
Al respecto, la ministra especificó que con corte el pasado viernes, cinco mil 971 escuela a nivel nacional estaban con clases a distancia, correspodiente al 37,10 por ciento del total.
Los casos en los que los colegios no abrirán mañana no están relacionados con actos de violencia en el marco de las marchas, sino por temas de carencia de combustible para habilitar el transporte escolar.
De acuerdo con los detalles, la mayoría de los centros que seguirán desde la virtualidad se ubican en la Sierra y Amazonía de Ecuador, donde el cierre del curso escolar está previsto en los primeros días de julio, según el cronograma de la cartera de estado.
El paro nacional, territorial e indefinido comenzó el pasado 13 de junio por convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y al mismo se unieron otros sectores como campesinos, estudiantes, trabajadores, mujeres y amas de casa, en apoyo a la agenda de 10 puntos presentada al Gobierno por los pueblos originarios.
Atención a los pequeños productores del agro, bajar precios de los combustibles y la canasta básica, presupuesto para la educación y la salud, moratoria para deudas, prohibir minería en zonas protegidas y de comunidades indígenas, frenar la privatización de sectores estratégicos y eliminar la inseguridad son algunos de los temas sobre los que esperan respuestas.
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