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El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, reinstaló la sesión pasadas las 16:00, hora local, después de un análisis de más de siete horas, iniciado ayer y extendido hasta esta madrugada.
La víspera intervinieron al menos 32 parlamentarios y para esta jornada Saquicela recibió solicitudes de otros 40 asambleístas.
El pedido contra Lasso es por grave crisis política y conmoción interna, a partir de la situación generada en el marco de los 14 días de paro nacional del movimiento indígena y sectores sociales contra el Gobierno, repelidos con una fuerte represión policial y del ejército, denunciada dentro y fuera de esta nación andina.
La solicitud se basa en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y está en concordancia con el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, que establece las posibles causales de la separación del cargo al dignatario y permite la muerte cruzada (el Presidente puede disolver la Asamblea Nacional y ésta, por su parte, tiene capacidad para destituirlo).
A la sesión también fue llamado para presentar sus pruebas de descargo el jefe de Estado, quien decidió no asistir y en su lugar envió a Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia, para dar lectura a los fundamentos de la defensa de Lasso, accionar criticado en el pleno.
En el debate, legisladores de diferentes bancadas rechazaron los hechos de violencia reportados durante las marchas con saldo de heridos, muertes y vulneraciones a los derechos humanos.
Asimismo, cuestionaron la intromisión de personas y grupos infiltrados en las manifestaciones para cometer actos vandálicos y expresaron solidaridad con los afectados, además, de hacer llamados a la recuperación de la paz y el orden.
Otros coincidieron en que los 10 puntos sobre los cuales la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador exige respuestas del Ejecutivo, guardan relación con el incumplimiento del Plan de Gobierno, ante la falta de políticas públicas destinadas a atender las necesidades de la gente y a dirigir con justicia social.
La agenda se centra en pedidos de bajar y congelar los precios de los combustibles y de productos de la canasta básica, prohibir la minería en áreas protegidas, mayor presupuesto para educación y salud, moratoria para deudas, atención al agro, créditos, frenar las privatizaciones de sectores estratégicos y combatir con efectividad la inseguridad.
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