La mesa técnica quedó instalada la víspera, en un intento de consensos entre las partes, sobre 10 puntos planteados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), al Ejecutivo, en 2021, pero sin las soluciones esperadas hasta la fecha, lo cual desató el llamado a las protestas, iniciadas en todo el país el 13 de junio último.
El encuentro inicial de varias horas, transcurrió en un ambiente tranquilo, en el que ambas partes plantearon sus puntos de vista.
La delegación de los sectores sociales estuvo liderada por el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y líderes de otras organizaciones, mientras que el Gobierno estuvo representado por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Virgilio Saquicela, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.
Aunque Iza reconoció que el Ejecutivo dio algunos pasos relacionados con los reclamos de los manifestantes, insistió en que llegaron a Quito por respuestas a los 10 puntos de la agenda y solo se irán con todos esos tópicos resueltos.
Los tópicos contemplados en los pedidos son reducción en el precio de los combustibles y la canasta básica, medidas eficientes contra la inseguridad, presupuesto para la educación y la salud y respeto a los derechos colectivos.
También comprenden la prohibición de la minería ilegal en áreas protegidas y zonas habitadas por pueblos originarios, frenar la privatización de sectores estratégicos, mayor atención al agro, créditos y condonación de deudas.
En la etapa inicial del diálogo los equipos hablaron de los combustibles, sobre lo cual la delegación gubernamental expresó compromiso de derogar el decreto 95 que expidió la Política de Hidrocarburos mediante un Plan de Acción Inmediato.
Asimismo, señaló que evaluará posibles reformas a la ordenanza 1551, vinculada a la minería.
Pese a que esta jornada podrían concretarse acuerdos, la Conaie y los colectivos sociales insistieron en mantener el paro nacional de manera pacífica.
Las dos primeras semanas de protesta estuvieron marcadas por una fuerte represión policial y del ejército, ampliamente denunciada dentro y fuera del país, al igual que el estado de excepción declarado en seis de las 24 provincias de esta nación andina y anulado recientemente.
mv/scm
