Wang Jianxin, directivo de la organización política, dijo que de esa cifra a 644 mil individuos se les castigó por violaciones a las normas de conducta del partido y del gobierno, mientras 74 mil se entregaron voluntariamente a los órganos disciplinarios.
Según remarcó, la campaña anticorrupción construyó “una ola aplastante”, se consolidó y desarrolló durante los últimos años en China.
Enfatizó en la prioridad concedida a la gobernanza estricta del PCCh por las autoridades disciplinarias y aseguró que continuarán los esfuerzos e iniciativas para encarar los desafíos surgidos mientras avanza la ofensiva.
Cuando Xi Jinping en 2012 asumió la presidencia de China y el liderazgo del partido comunista se propuso consolidar la posición del país como potencia, pero a lo interno una de las tareas en la que más énfasis puso fue depurar al PCCh y al gobierno de su peor enemigo: la corrupción.
Desde entonces emprendió una campaña sin precedentes orientada a desenmascarar desde las bases hasta los más altos niveles a quienes incurren en las malas conductas que durante años perjudicaron la imagen de la organización política ante los ojos de la ciudadanía.
La popularmente conocida contienda para «cazar tigres» y «aplastar moscas» trajo ante los tribunales a millones de servidores públicos acusados de prácticas como sobornos, abuso de poder, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y violación de los códigos de ética relacionados con los gastos u otras infracciones.
Tales delitos implican condenas de varios años en prisión, cadena perpetua y hasta la pena máxima.
El recrudecimiento de la lucha anticorrupción en China quedó plasmado en los estatutos de esa fuerza comunista al término del 19 Congreso en 2017 y luego en la Carta Magna, enmendada en marzo de 2018 por cuarta vez en la historia con la mayoría de las 21 modificaciones relacionadas con ese sensible tema.
Ahora la Constitución reconoce como nuevo órgano estatal a la Comisión Nacional de Supervisión, una entidad adjunta al brazo disciplinario del PCCh que funciona de forma “centralizada, prestigiosa y eficaz” en la campaña contra los actos deshonestos.
Algunos entendidos lo llaman un superministerio y otros un cuarto poder alternativo a los tradicionales Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La razón es la potestad que tiene este organismo para monitorear las funciones, investigar y aplicar sanciones de diversa índole sobre unos 200 millones de funcionarios del Partido y el Estado, incluidos aquellos sin afiliación comunista.
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