El caso vuelve ahora a la corte inferior para procedimientos adicionales en torno al último intento de Biden de poner fin a esa práctica, que obliga a los solicitantes de asilo a mantenerse en el vecino país mientras sus casos se resuelvan en los tribunales estadounidenses.
La conclusión de este jueves sugirió que esa orden debería ser levantada en breve, reportó la cadena CNN.
El Tribunal Supremo, en un veredicto 5 a 4, dijo que la ley de inmigración da al gobierno federal la discreción de poner fin al programa.
Desde que Biden asumió la presidencia el 20 de enero del pasado año trató de detener esta política, pero su propuesta fue impugnada en los tribunales por una coalición de estados rojos (republicanos) encabezada por Texas.
Remain in México (en inglés), que se implementó por primera vez en 2019 bajo el mandato de Trump, ha recibido innumerables críticas de defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que es inhumano y expone a los solicitantes de asilo a condiciones peligrosas.
Hace un año, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, publicó un memorando que ponía fin formalmente a la política, pero un juez federal de Texas bloqueó la medida dos meses después.
En ese momento la Corte Suprema se negó a dejar en suspenso el fallo mientras se resolvía la apelación, lo que obligó a Biden a reactivar el controvertido plan.
En octubre, Mayorkas emitió un nuevo memorando en el que disponía el cese del programa y en diciembre esta política se reanudó.
Más de cinco mil migrantes fueron devueltos desde entonces a México bajo la sombrilla de esa iniciativa, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
La última semana, la Corte Suprema en una histórica sentencia anuló el fallo del caso Roe vs Wade, que hace casi cinco décadas protegía por la Constitución el derecho al aborto; derogó una ley estatal de Nueva York que data de más de un siglo relacionada con el porte de armas de fuego ocultas en espacios públicos.
Además, decidió acortar la separación entre la Iglesia y el Estado al permitir que fondos públicos sean utilizados para mantener escuelas religiosas.
Este propio jueves, el Supremo limitó en un veredicto 6-3 la capacidad del gobierno federal de regular las emisiones de gases, lo que supone un golpe a la lucha contra el cambio climático.
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