Las conversaciones, que se extenderán por 90 días, tendrán como sede la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ente mediador en el primer acercamiento entre las partes, el cual concluyó con la suscripción de un Acta de Paz, el fin de un paro nacional de 18 días y compromisos del Ejecutivo.
«La lucha continúa. La contundencia del paro nacional tiene logros importantes. (El presidente) Guillermo Lasso nunca se sentó en la mesa de diálogo, apareció por cadenas de televisión, pero su gobierno se vio obligado a responder al pueblo», afirmó tras la firma del texto la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), convocante de las protestas.
A partir de esta jornada, ambos equipos, con la intermediación de la iglesia, se sentarán a la mesa en espera de resoluciones que eviten otro estallido social como el ocurrido del 13 al 30 de junio, cuando miles de personas salieron a las calles en todo el país por una agenda de 10 puntos de la Conaie en la que muchos se ven representados.
«Sostener una acción de esta escala por tantos días muestra una fortaleza organizativa que no dejó de sorprender, al tiempo que un alto nivel de conciencia y compromiso social para resistir al neoliberalismo», señaló en un análisis la economista Magdalena León, presidenta de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social (Fedaeps).
En cuanto al intercambio inicial, en el cual se acordó esta nueva etapa, la investigadora consideró que en el Acta por la Paz constan resultados más bien escuetos y la expectativa de lograr algún avance en las llamadas mesas técnicas, además de señalar el empeño del Gobierno por convertir en temas “para indígenas” planteamientos nacionales de la agenda de lucha.
Para este jueves está previsto el establecimiento de la metodología a seguir por ambos equipos, que ya presentaron a sus miembros.
La delegación del Ejecutivo estará liderada por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien adelantó: «Tenemos una visión clara de lo que queremos y lo que podemos implementar. No hemos parado de trabajar».
Para coordinar acciones de cara al diálogo, Jiménez tuvo una reunión preparatoria con los titulares de Agricultura, Bernardo Manzano, Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, Trabajo, Patricio Donoso, Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, de Energía y Minas, Xavier Vera, y de otras carteras.
De su lado, los movimientos sociales estarán representados por la Conaie, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador.
Estos demandan soluciones a reclamos de más de un año por políticas beneficiosas para la población, en especial las familias de menos ingresos.
Mayor atención al agro, control a la especulación en ese sector, respeto a los derechos colectivos, créditos, moratoria a las deudas, más presupuesto para salud y educación, bajar y congelar valores de los combustibles, son algunos de los pedidos.
También incluyen combate efectivo a la inseguridad, generación de empleos y frenar la privatización de empresas públicas y la minería ilegal.
La instalación del proceso llevará a la concreción de una hoja de ruta que definirá el trabajo en las mesas, mientras dentro y fuera de Ecuador muchos estarán pendientes de los resultados.
A este punto, las partes llegan con algunos avances como la derogación de un decreto sobre actividades mineras, la reducción de 15 centavos en los precios del galón de gasolinas extra y ecopaís y en el diésel, aunque los manifestantes exigían disminuir en 40 centavos, así como con la declaratoria de emergencia en la salud pública, entre otros consensos.
Para algunos, los logros no son significativos teniendo en cuenta la agenda de demandas, sin embargo, el movimiento indígena estima que la resistencia popular obligó al Gobierno a escuchar y ahora deberá dar respuestas, de lo contrario, volverán a alzar la voz.
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