Por Julio Morejón Tartabull
Periodista de la Redacción Internacional de Prensa Latina
Compaoré, encontrado culpable en el magnicidio en 1987 de su predecesor -el líder panafricano Thomas Sankara- regresó el 7 de julio a la capital burkinesa, Ouagadougou, donde se reunió con el actual mandatario interino, el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, con quien trató cuestiones de cohesión social y terrorismo.
En círculos de la opinión pública, esa conducta política es considerada un giro y la relacionan directamente con dos problemas que afectan al país: algún rechazo interno a la junta militar y a la presión de los grupos armados de cariz confesional, principalmente en la región septentrional.
Sin embargo, un sector importante entiende que es una oportunidad para hacer justicia frente a la impunidad con la que actuó Compaoré, luego de traicionar a Sankara y desempeñarse en el poder desde 1987 hasta 2014, cuando cayó al intentar enmendar la Constitución para extender su periodo de mandato.
Su derrocamiento fue ejecutado por el Ejército tras una masiva repulsa, expresada en múltiples jornadas de manifestaciones populares que llevaron al poder a Michel Kafando, a quien intentó deponer en 2015 el general Gilbert Dienderé, confirmado secuaz del expresidente Compaoré.
“Ante el regreso del exmandatario, la familia de Sankara, a través de sus abogados, exigió a la Justicia que Compaoré fuera arrestado al aterrizar en el país, una petición a la que se sumaron organizaciones sociales que participaron en las acciones del 2014”, precisó el sitio digital france24.com.
La presencia de Compaoré, temporal o permanente, es observada con recelo por los más críticos, y por ciudadanos que en nada se beneficiaron durante los últimos ocho años de frágil gobierno, incluso del presidido por Roch Mark Christian Kaboré, derrocado en enero pasado por el teniente coronel Sandaogo Damiba.
Fue precisamente Sandaogo Damiba el de la idea de reunirse con los anteriores gobernantes para concordar acerca de cómo enfrentar la actual crisis por la que atraviesa el país.
«Además de los esfuerzos realizados por las fuerzas comprometidas (el Ejército de Burkina Faso) y el conjunto de la población contra los terroristas, nos ha parecido oportuno examinar con nuestros predecesores las mejores condiciones para crear y forjar una sólida cohesión entre los burkineses», afirmó el teniente coronel.
El jefe golpista añadió que la resistencia de opositores al encuentro «distorsionó el significado y el alcance de esta iniciativa», y subrayó que la urgencia de preservar la vida del país requiere una sinergia de acciones que no permite darle el lujo de perder el menor tiempo en polémicas.
¿RECONCILIACIÓN O IMPUNIDAD?
Es evidente que de no haber «cartas ocultas» y ocurrir un juego limpio, deberá ser debatido el futuro de Blaise Compaoré, a quien el presidente de Costa de Marfil, Alassane Dramane Ouattara, le concedió la ciudadanía, lo cual dificulta realizar un proceso de extradición.
Además, es necesario valorar el impacto político que tendría una acción judicial de esa índole en la subregión de África Occidental, donde recientemente la comunidad económica de países del área suavizó su castigo sobre la junta militar golpista burkinesa.
Así, el asunto de castigar o no al magnicida -ya condenado por una corte militar en 2021 junto con otros implicados, entre ellos el general Dienderé- además de ser un tema de carácter jurídico tiene implicaciones políticas que podrían repercutir más allá de las fronteras de Burkina Faso.
Por cierto, Gilbert Dienderé -quien fue jefe de la Guardia Presidencial que traicionó a Sankara y sirvió bajo el mando de Compaoré-, intentó en 2015 un golpe de Estado y fuentes públicas vincularon la acción con la obediencia del ejecutor al expresidente exiliado.
Observadores ensartan algunos acontecimientos, como el hecho de que los ataques terroristas perpetrados por grupos armados de distorsionada confesión islámica adquirieron una presencia definida a partir del 2015 en el contexto burkinés, un año después del derrocamiento de Compaoré.
De todas formas, el jefe de la junta castrense aseguró a la población que su encuentro con los exmandatarios «no pretendía consagrar la impunidad, sino contribuir a la búsqueda de soluciones para una Burkina Faso de paz y cohesión», aunque los críticos le asignan una lectura relativa a la posesión total del poder.
LA YIHAD
Cuando el teniente coronel Sandaogo Damiba se refirió a cohesión nacional también la vinculó con el principio de seguridad que todo Estado debe garantizar a los ciudadanos, lo cual en el país africano se redujo significativamente al paso que escalaron las acciones extremistas.
“Desde 2010, Burkina Faso fue desgarrada por terroristas islámicos. Los grupos asociados con el (…) Estado Islámico y Al-Qaeda mataron a miles y desplazado a unos dos millones de personas”, apuntó un resumen noticioso en el sitio digital aleteia.org sobre las agresiones perpetradas.
Pero fue en 2015 -precisaron otras fuentes- cuando comenzó a sufrir una ola de ataques de facciones integristas que cobraron más de dos mil vidas y convirtieron en desplazados a 1,9 millones de personas, así como ahora persisten como amenaza que agrava la crisis multifactorial burkinesa.
Uno de los argumentos asumidos por los militares para derrocar a Marc Kaboré (2015-2022) fue la debilidad de su gobierno al enfrentar los destacamentos radicales, pero tras el golpe de Estado las fuerzas de Seguridad no pudieron aún ganar una batalla decisiva al respecto, de ahí la preocupación popular.
Es decir -ni antes, ni después- la situación se transformó para bien de la población, y analistas no descartan sea el principal motivo para acudir con urgencia a jugar la delicada carta de la reconciliación que pueda ceder espacio a Compaoré, quien, pese a sus antecedentes, tiene partidarios en el país donde gobernó 27 años.
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