Las conversaciones se llevarán a cabo por un término de 90 días en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en esta capital, que actuará como mediadora, a fin de impulsar resultados concretos en un ambiente de paz y consenso.
Un total de 10 mesas técnicas serán instaladas para tratar temas acordados entre las partes, que quedaron contenidos en el Acta por la Paz firmada el 30 de junio pasado, con la cual se dio por terminada una protesta de 18 días consecutivos, marcada por represión policial y del ejército, denunciada dentro y fuera del país.
Durante esta jornada la prioridad será los temas relacionados con la focalización (atención especializada) a los subsidios a los combustibles y la Banca Pública y Privada, asuntos muy sensibles para el movimiento indígena y otros sectores sociales sumados a las movilizaciones.
El resto de las mesas técnicas versarán sobre: Fomento Productivo, Empleo y derechos laborales, Energía y recursos naturales, Derechos Colectivos y Educación Superior, Protección a inversiones nacionales, Control de precios, Acceso a Salud y Seguridad.
Por la parte de los colectivos sociales estarán en el diálogo líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).
Del lado del Ejecutivo, cada tema será abordado por un ministerio y la dirección del proceso estará a cargo del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
«El objetivo de las mesas temáticas es responder al país, con la base de un trabajo compartido, de minga, en la cual todos los actores brinden respuestas y sea posible llegar a acuerdos», advirtió el subsecretario de articulación intragubernamental, Chrystiam Cevallos.
De su lado, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, afirmó durante la reunión que estableció la metodología de las negociaciones.
«Todo lo que se ha ganado ha sido gracias a la lucha social, en los próximos 90 días esperamos canalizar las condiciones para resolver los temas pendientes», expresó.
El inicio oficial del diálogo llega en medio de acusaciones del presidente de la república, Guillermo Lasso, sobre supuestos vínculos del narcotráfico con las movilizaciones de junio, que han sido muy criticadas.
En reciente entrevista con la cadena CNN, Lasso aseguró que las manifestaciones contaron con un financiamiento de 15 millones de dólares provenientes del tráfico ilícito de drogas e involucró además al expresidente Rafael Correa.
La denuncia, sin ofrecer más detalles, desató una reacción rápida de analistas políticos, a cuyo juicio su discurso y acusación distan mucho del ambiente de paz y acuerdo que requiere el país en este momento, para llevar las conversaciones a buen puerto.
Al respecto, Iza sentenció: «Grave como Guillermo Lasso estigmatiza y llama “narcos” a los pueblos indígenas y a la ciudadanía que salió a protestar en rechazo total a la gestión de su gobierno».
En su criterio, esas actitudes, que tildó de maliciosas, no ayudan al proceso de diálogo, por lo cual le pidió gobernar y dejar la especulación.
El racismo, la estigmatización y falsas acusaciones durante las marchas, que dejaron al menos seis muertos, cientos de heridos y detenidos, fueron algunos de los señalamientos de activistas y organismos defensores de derechos humanos a las autoridades de Ecuador.
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