La batalla legal inició en 2020, después que la institución bancaria inglesa se negó a entregarle el oro a las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por el presidente constitucional del país sudamericano, Nicolás Maduro, con el argumento de que existía un pedido similar de la junta designada por el autoproclamado mandatario Juan Guaidó.
En una primera instancia, la corte comercial londinense determinó que el opositor tenía autoridad para disponer de las 30 toneladas del preciado metal, valoradas en más de mil millones de dólares, porque el entonces canciller británico Jeremy Hunt lo reconoció como mandatario interino en febrero de 2019.
El Tribunal de Apelaciones revocó ese veredicto, al alegar que el reconocimiento de Guaidó como presidente ‘de jure’ (de derecho) no excluía que Maduro, fuera reconocido por el Reino Unido como el presidente ‘de facto’ (de hecho) del país suramericano.
En diciembre pasado, la Corte Suprema británica determinó que el reconocimiento del opositor venezolano como mandatario de Venezuela es “claro e inequívoco”, pero dijo que el fuero comercial tiene que decidir si toma en cuenta un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que anuló la autoridad de la junta nombrada por Guaidó.
Este caso siempre ha estado en el punto donde confluyen el derecho y la política, y esta audiencia de hoy no es diferente a las anteriores, aseguró el abogado Sarosh Zaiwalla, socio principal del bufete Zaiwalla & Co., que representa al gobierno de Maduro.
Según explicó el letrado en una declaración remitida a Prensa Latina tras concluir este miércoles la primera jornada del juicio, la cuestión en juego es si la justicia británica tiene derecho a juzgar la validez de las decisiones tomadas por el tribunal supremo de otro país soberano.
Sin dudas, esto tendría implicaciones para la credibilidad del Reino Unido como guardián de los activos soberanos extranjeros, agregó.
De acuerdo con los abogados de la junta del BCV designada por el gobierno constitucional venezolano, los representantes de Guaidó pretenden invocar la llamada Doctrina del acto de estado para posicionar al líder opositor como el único instrumento del Estado venezolano, ignorando la separación de poderes consagrada en la Constitución.
Recordaron además que el principio detrás de esa doctrina de la jurisprudencia británica es el respeto por las decisiones emanadas de otro estado soberano, aplicable también a los veredictos emitidos por sus máximas instancias judiciales, sobre todo en asuntos relacionados con la interpretación y aplicación de la Carta Magna del país en cuestión.
El nuevo juicio por las reservas de oro venezolano retenidas en el Banco de Inglaterra concluirá el lunes próximo, aunque la decisión del Tribunal Comercial no se conocerá de inmediato.
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