El crimen del guardia municipal Marcelo Arruda ocurrió en la madrugada del 10 de julio, cuando el policía penal federal Jorge Guaranho interrumpió a tiros la fiesta del cumpleaños 50 del miembro del PT (armado también) en la sede de la Asociación Deportiva Salud Física Itaipú.
Guaranho fue herido en el intercambio de disparos y permanece internado en un hospital de la localidad.
Imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento en que ambos discutían fuera de la fiesta, antes que el bolsonarista (seguidor del mandatario ultraderechista) matara a balazos al cajero petista.
El fiscal Tiago Lisboa Mendonça informó que tan pronto como el agente esté en condiciones, será escuchado.
Pese a que la Policía Civil de Paraná desestimó que pudiera haber motivación política en la muerte de Arruda, los partidos que componen el movimiento Vamos Juntos Por Brasil refutaron la violencia por parte de simpatizantes de Bolsonaro.
El homicidio resulta «el más reciente y trágico episodio de una escalada de violencia política en nuestro país», denuncia en una nota la alianza liderada por el PT e integrada por los partidos Socialista Brasileño, Comunista de Brasil, Verde, Socialismo y Libertad, Rede de Sustentabilidad y Solidaridad.
Indica que la violencia está estimulada «por las actitudes y el discurso de odio del actual presidente de la República contra todos los que de él divergen o le hacen oposición».
Ante esta escalada, la coalición rumbo a las elecciones de octubre presentó al Tribunal Superior Electoral (TSE) un llamado Memorial de la Violencia Política contra la Oposición en Brasil.
Detalla que «corresponde al TSE, así como al Supremo Tribunal Federal y a las autoridades responsables de la seguridad pública tomar iniciativas que garanticen elecciones libres y pacíficas, cohabitando agresiones y violencia, como las que el bolsonarismo viene practicando».
Según el movimiento partidista, el hecho de sangre «es un crimen político, contra la libertad de opinión y los derechos humanos, y como tal debe ser tratado, desde la investigación hasta el juicio final».
A raíz del asesinato de Arruda, que mantiene conmocionada a la sociedad brasileña, el titular en funciones del TSE, Alexandre de Moraes, dio este viernes un plazo de dos días para que Bolsonaro responda a los partidos opositores, que lo acusan de incitación a la violencia.
De Moraes «abrió un plazo de dos días para que el presidente Jair Bolsonaro se manifieste (…) por supuesta propaganda electoral irregular e incitación a la violencia», informó el tribunal en un comunicado.
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