Un reporte del Instituto de Investigación Aplicada–Jerusalén, (ARIJ, por sus siglas en inglés) criticó a ese país por destruir la infraestructura hídrica y “privar a los ciudadanos palestinos de su derecho a acceder y controlar las fuentes de agua”.
La organización no gubernamental destacó que esas acciones contradicen leyes y normas internacionales, entre ellas varios acuerdos adoptados por Naciones Unidas.
El reto no es la cantidad del líquido disponible, sino las prioridades de Tel Aviv, cuyas autoridades utilizan el recurso basado en cálculos políticos y militares, cuestionó el ARIJ.
Como ejemplo recordó que Israel declaró zona militar la tierra adyacente al río Jordán, lo cual impide a los palestinos usar sus aguas.
En la franja de Gaza las violaciones son evidentes con los reiterados bombardeos contra la infraestructura hídrica, apuntó la institución.
A ello se suma, alertó, el agotamiento del acuífero del enclave costero, que provocó la entrada de agua de mar, lo cual a su vez elevó el nivel de salinidad.
La falta de combustible y equipamiento, debido al bloqueo israelí a la franja, socavó la capacidad de más de 1,1 millones de palestinos en ese territorio para tener acceso a agua suficiente, potable y asequible para uso personal y doméstico, criticó.
La mala calidad del líquido provoca diversas enfermedades, que afectan en especial a los niños y a todo el sistema educativo palestino, manifestó.
En ese sentido la investigación reveló que el 83 por ciento de las escuelas en la franja de Gaza no están equipadas con la tecnología para tratar el agua.
La propagación de bacterias en el agua podría causar hasta el 26 por ciento de todas las enfermedades que sufren los menores en ese enclave y representa la principal causa de morbilidad infantil, subrayó.
La falta de ese recurso y la destrucción de la infraestructura también afecta a los campesinos y por ende el sustento de sus familias, además de encarecer los productos agrícolas, afirmó.
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