La propuesta avalada en el Parlamento el pasado 16 de junio, incluyó modificaciones al texto inicial, sobre todo relacionadas con la prestación de servicios el sector financiero.
Sin embargo, el mandatario, en su objeción total, señaló que aunque el cuerpo legal tiene nueve artículos con temas sumamente relevantes, los aborda «con absoluta ligereza técnico-legislativa».
Según especificó, en el artículo 1, el Legislativo plantea la derogatoria parcial de la normativa, pero no especifica los acápites que eliminará, ni hace mención a algunos con aplicación temporal regulada.
Por otra parte, advierte acerca de errores como referencias a atribución de competencias a entidades que no corresponden.
Asimismo, señala la omisión de que la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es potestad exclusiva de la Función Ejecutiva.
«Todo proyecto de Ley que tenga impacto en los recursos públicos y que incremente el gasto público debe cotar con el dictamen el Ministerio de Economía y Finanzas de contar con los recursos financieros suficientes, lo cual no ha ocurrido», especifica el veto.
Finalmente, advierte que en el contexto actual de diálogo entre el Gobierno y sectores sociales, las partes evalúan en Mesas Técnicas mecanismos de condonación, reestructuración y recalificación crediticia, los cuales establecen alivios superiores a los planteados en el Proyecto de Ley.
A su juicio, esas herramientas permitirán mayor agilidad en la implementación de las mejoras.
Con la decisión del dignatario, la normativa no podrá ser objeto de evaluación en la Legislatura hasta dentro de un año.
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