«Esta es la cifra que arrojó el informe El ambiente como víctima silenciosa: un diagnóstico de las afectaciones en el posacuerdo de paz, presentado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP», precisó.
El estudio, que abarca el período comprendido entre el año 2017 y mayo de 2022, y analiza los datos arrojados del Sistema de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz relacionados con las afectaciones en 12 zonas donde se ha reactivado el conflicto armado.
«Los hechos incluyen graves contaminaciones de fuentes hídricas y cuerpos de agua, así como daños al suelo, la flora y la fauna en varios territorios del país», detalló en un comunicado.
Estas afectaciones están presentes en 21 departamentos y en 177 municipios de todo el país y los años 2019 (56) y 2021 (136) fueron los que más registros presentaron de violencia contra el medio ambiente.
Los hallazgos de la Unidad de Investigación y Acusación están enfocados en cinco tipos de hechos: los atentados contra la infraestructura petrolera, la minería ilegal, la tala masiva e indiscriminada de árboles, las actividades asociadas a la producción de base de coca y los incendios que afectan la cobertura vegetal.
Sobre la afectación a la infraestructura petrolera, esa instancia de la JEP encontró 41 ataques principalmente en Norte de Santander, Arauca y Nariño, la mayor parte de ellos en 2019, y alertó sobre los daños que ejercen sobre las fuentes hídricas donde se derrama el crudo.
Algunos grupos armados usan estos derrames para almacenar el petróleo y venderlo para financiar sus estructuras, aclaró.
Resaltó que la minería ilegal ha sido el hecho que más afecta el medio ambiente de manera constante en estos años.
«En el período posterior a la firma del Acuerdo, en 17 departamentos y en 66 municipios se han presentado, al menos, 140 afectaciones a fuentes hídricas, suelos, fauna y flora derivados de esta modalidad criminal», puntualizó.
La mayor concentración de estos hechos se da en el Bajo Cauca antioqueño y en Chocó y en 2021 este tipo de afectaciones se disparó, principalmente por el accionar del grupo ilegal Clan del Golfo.
La tala masiva e indiscriminada de árboles, actividad que ayuda a soportar las economías ilegales, aumenta desde la firma del Acuerdo, señaló
En 2021, el número de actividades registradas creció en 900 por ciento y 2022 ya es el segundo año con mayor cantidad de registros.
La Unidad de Investigación y Acusación hizo un llamado por la delicada situación de violencia que se vive en nueve de los 43 Parques Nacionales Naturales.
El análisis de la Unidad recoge los avances jurídicos en torno al reconocimiento del territorio como víctima y la JEP, ha proferido cuatro fallos que plantean este reconocimiento: el Cxhab Wala Kiwe, el Katsa Su y el Eperera Euja, territorios ancestrales de los pueblos indígenas nasa, awá y sia, respectivamente y consejos deTumaco donde habitan comunidades afrodescendientes.
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