Tal corte reclama guardar siete de las 10 averiguaciones preliminares que implican a Bolsonaro, ministros y exministros del Gobierno federal respecto a la gestión en la crisis sanitaria.
Las investigaciones fueron abiertas en base a las conclusiones obtenidas por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Covid-19, realizada en el Senado en 2021.
Entre las exploraciones que la Fiscalía requirió archivo aparecen cinco en que los parlamentarios de la CPI pidieron indagar a Bolsonaro, acusado de charlatanismo, prevaricación, infracción de medida sanitaria preventiva, empleo irregular de fondos y epidemia con resultado de muerte. Las peticiones fueron firmadas por la vicefiscal general Lindôra Araújo.
Como la investigación contiene personas sin foro privilegiado, el caso será encaminado para primera instancia.
También se solicitó la prórroga y una investigación en la que Bolsonaro es sospechoso de incitar a la población a desobedecer medidas sanitarias.
«Innumerables personas contaminadas ni siquiera tuvieron contacto directo o indirecto con el presidente de la República, alejando la posibilidad de responsabilidad por ese hecho», argumento Araújo.
La solicitud de archivo de la Fiscalía se extiende también a otras pesquisas.
Durante poco más de seis meses, la CPI inquirió sobre la gestión en la pandemia, que en el gigante suramericano mató a casi 680 mil personas desde febrero de 2020.
La junta de 11 senadores verificó graves anomalías que la indujeron además a enunciar nueve imputaciones contra Bolsonaro, entre ellas la de crimen contra la humanidad.
También otras denuncias se enfilan contra tres de los hijos del gobernante, ministros, exministros, diputados federales, médicos, empresarios y el gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima.
Dos empresas que firmaron contratos con el Ministerio de Sanidad (Precisa Medicamentos y VTCLog) fueron además consideradas responsables. En total 78 personas y ambas compañías aparecen en el contenido conclusivo de la CPI.
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