Por Néstor Marín
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Reino Unido
La última audiencia concluyó el 18 de julio en la sala Comercial del Tribunal Superior de Londres con la promesa de la jueza Sara Cockerill de tomar una decisión “cuanto antes”, pero todo indica que el fallo no se conocerá antes de octubre.
La batalla legal por las 31 toneladas del preciado metal, depositadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) en las bóvedas del Banco de Inglaterra, comenzó en 2020.
Ese año, la junta del BCV nombrada por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, solicitó a la institución bancaria británica la entrega de las reservas de oro, valoradas en casi dos mil millones de dólares, con el fin de comprar insumos para combatir la pandemia de Covid-19 en el país sudamericano.
El Banco de Inglaterra respondió, sin embargo, que tenía una petición similar de los administradores del BCV designados por el autoproclamado mandatario venezolano Juan Guaidó, por lo que sería la justicia británica la encargada de decidir a quién se entregarían los lingotes.
En una primera instancia, la corte comercial londinense determinó que el líder opositor tenía autoridad para disponer de las reservas, porque el entonces canciller británico Jeremy Hunt lo reconoció como mandatario interino en febrero de 2019. El Tribunal de Apelaciones revocó ese veredicto, al alegar que el reconocimiento de Guaidó como presidente ‘de jure’ (de derecho) no excluía que Maduro fuera reconocido por el Reino Unido como el presidente ‘de facto’ (de hecho) del país sudamericano, dado que Londres y Caracas jamás cortaron relaciones y mantienen a sus respectivos embajadores.
En diciembre pasado, la Corte Suprema británica determinó que el reconocimiento del opositor venezolano como mandatario de Venezuela es “claro e inequívoco”, pero dijo que el fuero comercial londinense debe decidir si toma en cuenta un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que en 2019 anuló las designaciones de la junta ad hoc por parte de Guaidó.
Según el veredicto de la máxima instancia judicial venezolana, la directiva nombrada por Maduro es la única con competencia para manejar las reservas internacionales del país.
JUSTICIA O POLÍTICA
La cuestión en juego aquí es si la justicia británica tiene derecho a juzgar la validez de las decisiones tomadas por el tribunal supremo de otro país soberano, explicó a Prensa Latina Sarosh Zaiwalla, socio principal del bufete londinense Zaiwalla & Co., que representa al gobierno constitucional venezolano en el litigio.
De acuerdo con el letrado, desde un inicio el caso giró alrededor de un punto donde confluyen el derecho y la política, y la decisión que tome la justicia británica podría tener implicaciones para la credibilidad del Reino Unido como guardián de los activos soberanos de otro país.
Durante la audiencia más reciente en el Tribunal Comercial, los abogados contratados por Guaidó invocaron la llamada Doctrina del Acto de Estado, con el objetivo de posicionar al líder opositor como el único instrumento del Estado venezolano.
Para ello, intentaron convencer a la jueza Cockerill de que el Tribunal Supremo de Justicia del país sudamericano no es independiente ni imparcial, ya que solo responde, según alegó el letrado Andrew Fulton, a los intereses del gobierno constitucional venezolano.
En su descargo final en nombre de la junta del BCV, el abogado Richard Lissack le recordó a la magistrada británica que el tribunal londinense debe dictaminar sobre el reconocimiento de las decisiones de una corte extranjera, no juzgar a Maduro.
Al respecto, Zaiwalla recalcó que la posición de su cliente es que la Junta del BCV, asentada en Caracas, es la única autoridad válida para manejar los activos depositados en el extranjero en el interés del pueblo venezolano.
Esa realidad, reconocida por las máximas autoridades judiciales de Venezuela, debe ser reconocida también por los tribunales ingleses, los cuales no deben juzgar las decisiones de otra corte extranjera, remarcó.
El abogado también cuestionó que los representantes de Guaidó traten de invocar la doctrina británica de “una sola voz”, la cual establece que el gobierno y el poder ejecutivo deben mantener una postura común en los temas internacionales.
Resulta irónico que digan ahora que los tribunales venezolanos son utilizados para promover las ambiciones políticas del presidente Maduro, y al mismo tiempo quieran invocar la doctrina de una sola voz para cumplir las ambiciones del señor Guaidó, Estados Unidos y el Reino Unido, aseveró.
De acuerdo con Zaiwalla, en el hipotético caso de que la justicia británica falle a favor de la junta ad hoc a partir de una declaración del gobierno del Reino Unido, no solo se corre el riesgo de entregar las reservas de oro a quien no le pertenece, sino que dejaría las decisiones que se adopten con ellas fuera del escrutinio de las cortes de Venezuela e Inglaterra.
Darle tanto poder al gobierno, sin ninguna supervisión por parte del poder judicial, les permitiría cambiar de forma unilateral la propiedad de miles de millones de dólares en activos, en caso de que un país elija a un líder que no sea del agrado de las autoridades británicas, afirmó el abogado.
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