Estar en esta lista somete a Cuba a una serie de restricciones financieras internacionales devastadoras, expresaron las activistas Medea Benjamin y Natasha Lycia Ora Bannan, miembros del comité directivo del grupo Acere (por sus siglas en inglés) en un artículo publicado en el diario digital LA Progressive.
La exigencia, a través de una nueva campaña de solidaridad con la mayor de las Antillas, pretende –subrayaron- que Biden revierta la “indignante designación de la era (de Donald) Trump que es injusta, perjudicial para el pueblo cubano y dañina para las relaciones entre Estados Unidos y Cuba”.
Mientras el Gobierno cubano celebra el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, agrupaciones estadounidenses exigen a la administración Biden que ponga fin a sus crueles sanciones, que están creando tantas dificultades para el pueblo cubano, enfatizaron.
De por sí es ilegal que los bancos estadounidenses realicen transacciones a Cuba a causa del bloqueo económico, financiero y comercial que también tiene un ilegal alcance extraterritorial, reiteraron Benjamin, cofundadora de la agrupación pacifista CodePink, y Ora Bannan, abogada de derechos humanos.
Cuando Donald Trump llegó a la presidencia (2017-2021), “no solo impuso más de 200 nuevas y duras sanciones contra la isla”, sino que, en los últimos días de su gobierno, en un intento de ganarse el favor de los cubanoamericanos opuestos a la normalización de las relaciones, volvió a añadir a Cuba a esta lista, recordaron.
Ambas destacaron que Cuba, por el contrario, ha sido elogiada por su cooperación y solidaridad internacional, especialmente al proporcionar asistencia sanitaria y colaboración médica a países pobres de todo el mundo, incluso durante la pandemia de la Covid-19.
“En todo caso, es Cuba la que ha sido víctima del terrorismo internacional que emana principalmente de Estados Unidos”, advirtieron.
La relación de acciones violentas contra la isla “va desde la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y los cientos de intentos de asesinato contra Fidel Castro hasta el derribo de un avión civil cubano (en 1976)”, insistieron Benjamin y Ora Bannan.
Se refirieron además a la acogida que históricamente han recibido los verdaderos terroristas en territorio estadounidense, así como los atentados a hoteles cubanos en la década de 1990 y en época reciente el ataque que sufrió la embajada de la isla caribeña en Washington.
Por otra parte, denunciaron que Estados Unidos sigue proporcionando cada año millones de dólares de los contribuyentes a organizaciones dedicadas a campañas de difamación y desprestigio, y a tratar de socavar la soberanía de Cuba.
Pese al compromiso de Biden de revisar esa medida, 18 meses después de su llegada a la Casa Blanca, Cuba sigue en esa lista sin ninguna justificación y su gobierno obviamente está “más preocupado por la política de Florida que por el bienestar del pueblo cubano”, concluyeron.
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