Los firmantes dirigieron la misiva a la funcionaria y expresaron oposición a la preparación de su documento porque sería una “evaluación irrazonable, sin autorización y fraudulenta” sobre la situación de Xinjiang, que exigieron “ciertas fuerzas anti-China” con motivos políticos.
Manifestaron inquietud porque el texto de Bachelet incluiría acusaciones fabricadas, falsos testimonios y mentiras sobre el supuesto genocidio, crímenes de lesa humanidad, trabajo forzado, esterilización forzada y represión religiosa en la región autónoma uigur, con fuerte presencia de musulmanes.
Advirtieron que algunos países utilizarían el reporte como instrumento político para interferir en los asuntos internos de China y contener su progreso bajo el pretexto de los derechos humanos, pero además socavaría la confianza y cooperación entre las naciones en desarrollo con dicha oficina de la ONU.
“Los hechos no deben distorsionarse. La verdad no debe ser negada. Le pedimos (…) apegarse a los propósitos y principios de la Carta de la ONU, respete la soberanía e integridad territorial de los países, respete la información autorizada suministrada por los estados miembros y respete las preocupaciones de todos los chinos”, amplió.
Finalmente, los 923 signatarios llamaron a Bachelet a permanecer del lado correcto de la historia y no emitir un reporte lleno de mentiras.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos estuvo en el gigante asiático del 23 al 28 de mayo pasado para cumplimentar una visita oficial que incluyó un recorrido por la región autónoma uigur de Xinjiang (noroeste).
Dicha zona es frecuentemente usada por Occidente para lanzar acusaciones contra China sobre el presunto maltrato a las minorías étnicas y existencia de campos de reeducación.
Beijing siempre rechazó esos señalamientos y aseguró que las políticas aplicadas en Xinjiang buscan combatir el terrorismo y la radicalización, pero también ayudar al desarrollo socioeconómico de su población.
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