A través de sus perfiles en redes sociales y mediante un comunicado, la abogada Valeria Carreras precisó que presentó un informe sobre el caso al relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de ese organismo, Diego García-Sayán, y pidió su actuación al respecto.
Realizamos esa solicitud por la inexistencia de justicia viable para las víctimas en nuestro país. Detectamos en el fallo de la Cámara Federal porteña groseros errores jurídicos, una arbitrariedad manifiesta en la omisión de hechos y la cita sesgada de las pruebas, señaló.
El submarino, de fabricación alemana, partió desde la sureña ciudad de Ushuaia y perdió el contacto con la Armada el 15 de noviembre de 2017.
Fue buscado durante los primeros días en una operación que incluyó el empleo de tecnología de avanzada y la participación de 15 países, tras lo cual se contrató a la empresa Ocean Infinity, que finalmente dio con su paradero un año después.
Los familiares de los 44 oficiales fallecidos en ese hecho denunciaron a Macri por espionaje contra ellos mientras aguardaban por noticias de sus seres queridos.
La decisión del Tribunal de Comodoro Py 2002 de suspender el proceso fue criticada por organizaciones sociales, el ministro de Justicia Martín Soria y la vicepresidenta Cristina Fernández, entre otras figuras.
La existencia abrumadora de pruebas (videos, fotos, grabaciones, testimonios) torna el fallo en algo escandaloso y marca un peligrosísimo antecedente: como no pueden ignorar las evidencias, avalan tareas de inteligencia y violan la Ley de seguridad interior y todas las garantías de derechos construidas después de la dictadura, aseveró Fernández.
Por su parte, Soria indicó que a Macri no lo sobresee la Justicia, sino que lo salvan sus amigos.
El equipo legal de los familiares presentará una apelación el 1 de agosto.
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