Entre los liberados, de acuerdo con el Ministerio Público Federal (MPF), figura una mujer que permanecía en ese contexto desde hace 31 años. La víctima fue retirada de la casa de una familia en Sao Paulo.
La llamada Operación Rescate II involucra la actuación conjunta de seis órganos, como MPF, Policía Federal, Ministerio Público del Trabajo, Policía Vial Federal y la Defensoría Pública de la Unión.
Según el portal R7, tras el descubrimiento de este tipo de delito, los delincuentes son notificados a pagar los salarios y rescisión.
La etapa actual generó deudas laborales por 3,8 millones de reales (un poco más de 700 mil dólares) con los trabajadores rescatados.
Tal acción involucró a 150 policías federales, 80 de carretera, 100 auditores fiscales del trabajo, 44 fiscales laborales y 12 defensores públicos.
Las personas liberadas recibirán tres cuotas del seguro de desempleo especial, por un salario mínimo. Solamente este año, el número de trabajadores encontrados en ese tipo de situación pasa de mil.
El fiscal Renan Paes, coordinador del Combate a la Esclavitud y Trata de Personas del MPF, destacó que «en el momento de la fiscalización, realizamos diligencias, como recolección de testimonios de los rescatados y de los autores, tomamos fotos y hacemos imágenes de los ambientes».
Paes admitió que la prescripción de los crímenes es un gran problema, en caso de que el poder público no actúe a tiempo.
«Hubo un caso ya juzgado, de la Hacienda Brasil Verde, analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Brasil fue condenado, y la sentencia indica que el país debe actuar para que el trabajo análogo a la esclavitud, de graves violaciones de derechos humanos, no prescriba», remarcó.
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