En su informe de medio año, la APG reitera la existencia de limitaciones al derecho de informar y a criminalizar la labor de los medios de comunicación en el Gobierno de Alejandro Giammattei.
Según el texto, desde el Estado se impulsa una campaña de persecución en contra de periodistas, voces críticas al régimen y participantes de las manifestaciones ciudadanas, lo cual se refleja, entre otras acciones, en los procesos de criminalización iniciados por el Ministerio Público (MP) y apoyados por el Organismo Judicial.
«El acoso en redes sociales, la negativa a brindar información o retenerla por parte de empleados públicos y la utilización de un discurso estigmatizante que apela a la burda defensa de una supuesta soberanía, pretende implantar en el imaginario colectivo como enemigos de la democracia a sectores críticos como la prensa», advierte el documento.
Las estadísticas de la organización dan cuenta de 66 actos de restricciones, violencia o agresiones en contra de periodistas y medios solo en el primer semestre de este año.
Esta cifra crece a 350 ataques desde enero de 2020, cuando Giammattei asumió el poder, hasta junio último.
La APG recuerda que el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de junio de 2021 ya alertaba sobre la «continuidad de un escenario de riesgos a la labor periodística en Guatemala, con (…) episodios de hostigamiento e intimidaciones, agresiones en el marco de manifestaciones sociales y obstrucciones a la cobertura periodística de actos oficiales».
Esta situación, asegura, no cambió; el Gobierno de Giammattei ha hecho de la opacidad, la violación de los derechos humanos y la intolerancia a la libertad de expresión parte de sus principales características y ha buscado incesantemente suprimir cualquier crítica que cuestione su imagen de líder y las numerosas acusaciones de corrupción durante su mandato”.
Similar comportamiento asumen otros organismos estatales con el fin de entorpecer la labor periodística o criminalizar a los reporteros, entre ellos, el Ministerio Público (MP) con la Fiscal General Consuelo Porras al frente.
A juicio de la APG, la continuidad de Porras fue el peor golpe que asestó el Ejecutivo a la democracia e institucionalidad del país porque pasó a ser la principal operadora de procurar impunidad para políticos, funcionarios, exfuncionarios y militares responsables de violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y delitos contra la humanidad.
Junto al MP, la policía es utilizada como un aparato represor de los críticos del Estado con 43 agresiones contabilizadas por el Observatorio de los Periodistas.
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