Datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) indican que, al mismo tiempo, el número de focos es 21 por ciento menor que el visto en julio de 2020, cuando la mayor selva tropical del mundo notificó seis mil 803. La marca para el mes es de 2005, año en el cual se detectaron 19 mil 364.
La temporada de incendios en la Amazonia suele ocurrir entre junio y octubre, pero las llamas son solo parte del problema en el resto del calendario. Etapa en la que agricultores, mineros y grileiros (propietarios de tierras con documentos falsos) desmatan la selva y se preparan para quemarla.
El primer semestre de este año tuvo la mayor área de la llamada Amazonia Legal bajo alerta de destete en siete años.
La Amazonia Legal corresponde al 59 por ciento del territorio brasileño y abarca el área de ocho estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins) y parte de Maranhão.
Del 1 al 22 de julio, el bosque tenía mil 186 kilómetros cuadrados (km²) de área bajo desmate, según el monitoreo del satélite Deter-B, también ligado al INPE.
El satélite produce señales diarias de alteración en la cobertura forestal para áreas mayores que tres hectáreas (0,03 km²), tanto para áreas totalmente deforestadas como para aquellas en proceso de degradación forestal (explotación de madera, minería, quemadas y otras).
Brasil enfrenta una intensa presión internacional, encabezada por Estados Unidos, para que frene la destrucción del denominado pulmón del planeta, el cual desempeña un papel clave en el cambio climático.
La deforestación es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el gigante sudamericano, que contribuyen al calentamiento global, y la preservación de la floresta resulta absolutamente crucial para el mantenimiento de los procesos biológicos y climáticos que traen la lluvia a las regiones del medio oeste y el sudeste.
Organizaciones ecologistas atribuyen ese aumento de la devastación del bioma a la errada posición del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro, quien defiende la explotación de los recursos minerales en las reservas indígenas y recortó el presupuesto de entidades oficiales que persiguen los delitos medioambientales.
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