Señalado en un supuesto caso de chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero, agentes de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (Feci) del Ministerio Público (MP) allanaron el viernes último la casa de Zamora y las oficinas del medio de comunicación, donde retuvieron por más de 10 horas a su personal.
Como resultado, el periodista fue trasladado el sábado a Torre de Tribunales y posteriormente enviado a prisión provisional bajo cargos aún no esclarecidos, pues el MP habla de una «investigación en reserva».
Desde la captura de Zamora, en medio de un gran despliegue policial y de prensa, organizaciones nacionales e internacionales denunciaron lo que consideran otro golpe más a la libertad de expresión por parte del Ejecutivo liderado por Giammattei.
La etiqueta en redes sociales #NoNosCallarán se mantiene como tendencia en las últimas horas, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos, personalidades e instituciones emiten mediante comunicados su rechazo a la actuación del MP, supeditada por completo a la Fundación Contra el Terrorismo.
«Está capturado como empresario, no como periodista», según la Fiscalía, sin embargo, pocos creen aquí ese argumento, después de la publicación en la sección El Peladero de elPeriódico de «La fábula del ogro y el principito azul que lo quería todo».
Zamora y su medio son fuertes opositores al Gobierno de Giammattei con la publicación de este y otros reportajes sobre la corrupción dentro del Ejecutivo y el MP a cargo de la también cuestionada fiscal general Consuelo Porras.
La víspera, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) expresó su preocupación ante «un hecho en que, independientemente de las razones argüidas, se termina atacando de facto la libertad de prensa en el país y se genera un ambiente de zozobra y miedo en los medios de comunicación social».
Además, llamó la atención sobre el papel protagónico de la Fundación contra el Terrorismo en este como en otros muchos casos anteriores de persecución de operadores de justicia y de operaciones del MP y el Organismo Judicial.
«Creemos que ese rol hegemónico los deja en condiciones de precariedad e incluso de sometimiento, en lugar de la independencia e imparcialidad que por ley debieran tener y defender», señaló la CEG.
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