Por Maitte Marrero Canda
Corresponsal jefa de Prensa Latina en Guatemala
A menos de seis meses para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoque a comicios generales (segunda o tercera semana de enero de 2023), algunos aspirantes a cargos públicos ya muestran sus intenciones sin recato en las redes sociales, el principal vehículo para convencer a la ciudadanía con propuestas.
Según el TSE, no pueden hacer campaña, pero nada prohíbe que aborden en sus perfiles en Twitter, Facebook o Instagram los problemas del país y posibles salidas para ganar seguidores, fundamentalmente jóvenes.
Una de las primeras en aprovechar las ventajas de las distintas plataformas fue la excandidata presidencial Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt. El 8 de mayo último lanzó su primer video titulado “Una nueva historia para Guatemala”, no sin antes generar una gran expectativa sobre la vuelta a la política al frente del partido Valor.
Desde entonces mantiene un espacio de diálogo constante con los guatemaltecos de aquí y con los residentes en el extranjero, a quienes les asegura que todo cambiará si ella llegara al poder.
Otro viejo conocido, Edmon Mulet, excandidato del partido Humanista y ahora secretario general de Cabal, también utiliza las publicaciones para granjearse la simpatía de votantes potenciales.
Mulet aprovecha para echarle a la agrupación en el poder (Vamos) e incluso a “las otras dos candidatas”, en referencia a Zury y Sandra Torres, de quienes asegura que “son lo mismo y tienen los días contados”.
Al frente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Torres compitió por la presidencia en 2015 y 2019, y en esa última ocasión llegó hasta la segunda vuelta frente a Alejandro Giammattei, quien finalmente truncó las esperanzas de la ex primera dama.
Por su parte, la red social más fuerte para el alcalde de Mixco es Facebook, donde publicita a diario su gestión con vista a extender el mandato al frente de la comuna. También mantiene activo su podcast -segunda temporada-, por el cual ya recibió varias advertencias del TSE y una eventual sanción le sacaría de la futura contienda.
La lista de candidatos y partidos viables se incrementa con el paso de los días en este 2022 preelectoral, cuando Vamos cumple su tercer período de Gobierno con índices de popularidad por el piso, pero dará pelea para continuar en el poder con su eslogan “este es el año de las obras”.
Guatemala irá a las urnas con las mismas reglas electorales de 2016 porque el Congreso no tuvo interés en aprobar las reformas propuestas para mejorar el proceso, de ahí que el tiempo de campaña volverá a ser muy corto.
LAS CARAS MÁS VISIBLES
A la fecha hay 25 partidos inscritos legalmente y solo 15 mantienen íntegro y vigente su Comité Ejecutivo Nacional, así como la estructura mínima en los departamentos y municipios que estipula la Ley, dos causas de incumplimiento para una suspensión temporal.
De estos, algunos están en proceso de cancelación, por lo que su participación sigue en duda para junio de 2023. Además, hay que agregar unos 24 Comités Cívicos, aunque solo siete tendrían reales posibilidades, a juicio de analistas.
De las agrupaciones aún con vida está el Frente de Convergencia Nacional, que llevó al poder al cuestionado Jimmy Morales (2016-2020). Pese a tener una espada de Damocles sobre su cabeza, todo apunta a que postulará a Alfonso Alonzo, exministro de Ambiente del antiguo gobernante.
En 2019, consiguió poco más de 180 mil votos y presumiblemente contaría con ese caudal mínimo o hasta menos.
Viva postuló entonces a Isaac Farchi y consiguió un sexto puesto con 5,90 por ciento de apoyo; ahora se menciona a Julio Rivera (exviceministro de Gobernación) en tanto Farchi podría pelear por un partido nuevo llamado Azul, aunque algunas fuentes dudan de su lanzamiento.
La candidata más controvertida sigue siendo Ríos, pues en 2013 obtuvo su inscripción y logró 288 mil papeletas; pero en 2019 le fue vedada después de varias batallas legales.
Ahora, con el respaldo reciente de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le ve bastante segura de que pasará la prueba por contar con el supuesto apoyo de Giammattei y de un sector radical de empresarios.
Y entre las más persistentes está, sin duda, Torres, quien hasta hace poco tiempo aparecía como la preferida para volver a catapultar a la UNE y ahora un amparo definitivo le ordenó cancelar todas las asambleas convocadas por ella en medio de la mayor desintegración de sus fuerzas en el Congreso, adonde llegaron como mayoría en enero de 2020.
En el deseo por regir los destinos de Guatemala, se menciona la posibilidad de postularse por otra agrupación llamada Nosotros, creada por el yerno, y hasta de pactos con el oficialista Vamos, a cambio de respaldo.
Nuevamente en la pelea estará Thelma Cabrera por el Movimiento de Liberación de los Pueblos, brazo político del Comité de Desarrollo Campesino.
Pese a la gran campaña negra en contra de su organización, esta ocupó el cuarto puesto en 2019 con un sorprendente 10,37 por ciento de votos, una posición que podría mejorar si se concreta la soñada alianza de fuerzas de izquierda.
Otra cara conocida es la de Antonio Malouf, exministro de Economía de Giammattei y posible figura de Creo. En su hoja de vida se menciona que formó parte -y después renunció-, del comité ejecutivo del partido Unión del Cambio Nacional de Mario Estrada, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
Vinculado al oficialista Vamos, aparece desde hace un tiempo en primeros planos el político de larga data y actual congresista por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) Manuel Conde Orellana, quien acompaña a Giammattei en casi todas sus giras por el país, alaba al gobernante y su gestión de Gobierno.
Conde terminó en 2003 en el último lugar, es un buen orador y contaría con el apoyo de tres “partidos” políticos, lo cual le jugaría en contra.
Hasta ahora su fuerza radica en ser el gallo no tan tapado del oficialismo, pero es negra la sombra de un mandatario con ínfulas caudillistas, urgido de no perder el poder, a juicio del analista Mario Sandoval.
En el complejo crucigrama electoral aparece, asimismo, Roberto Arzú, quien fue candidato del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y de Podemos en los pasados comicios y obtuvo un quinto lugar, pero aún no confirma su filiación.
Mediante su podcast, Arzú comparte su interés por llegar a la presidencia y posiciona su imagen con la etiqueta “HagamosGrandeAGuate” y temas polémicos como el elevado precio de las medicinas y la energía eléctrica.
Entretanto, Todos postuló de manera preliminar a Ricardo Sagastume, abogado con amplia trayectoria en cámaras y gremiales, pero novato en estas lides.
Con poca experiencia en campañas figura Oscar Rodolfo Castañeda, el elegido del partido de reciente creación Unión Republicana. Dedicado a la publicidad y las relaciones públicas, abogado y notario, Castañeda fue fundador del PAN y compitió por la presidencia en 2007, cuando obtuvo solo el 2,53 por ciento de apoyo popular.
El ahora secretario general de Victoria, Amílcar Rivera, exalcalde de Mixco, se suma a la campaña en las redes sociales con la premisa de que es “el partido político de los jóvenes”. Otro hombre recién confirmado es el exministro de Desarrollo Social de Morales, Carlos Velásquez Monge, al frente del Partido Republicano.
Así las cosas, solo queda esperar a enero de 2023, cuando el listado se pueda ampliar o reducir no solo por las exiguas posibilidades de algunos, sino por el temor fundado de que el TSE impida la participación de determinados candidatos de la oposición, incapaz hasta ahora de articularse y forjar alianzas con vista a las urnas.
Sucedió en 2019 y desde ya el escenario se vislumbra más polarizado porque la consulta emerge detrás de tormentosos procesos en la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y la elección a la vista del nuevo jefe de la Contraloría General de la República, órgano que entrega los finiquitos a los aspirantes.
Todos tendrán que pasar necesariamente por el filtro del TSE, otrora con buen nombre, y del también cuestionado tribunal constitucional en un contexto de regresión en derechos humanos y libertad de expresión que recuerda a los tiempos del conflicto armado interno.
arb/mmc
