Sé que es difícil confiar, dar un paso cuando el Estado vulneró los Derechos Humanos, cuando te quitó la visión o te hizo un trauma ocular, o a través del Estado un familiar perdió la vida, venir a la casa del Estado a confiar es duro, explicó.
No obstante, el mandatario recalcó su intención de «partir de ese reconocimiento de humildad. Hoy día tengo el honor de ser el representante electo del Estado y me comprometo existencialmente a que esto no puede volver a suceder y a trabajar por la memoria, por la reparación y por la verdad».
Por su parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, enfatizó que se mostró en la misma línea y ratificó su determinación de reparar los daños de las personas implicadas en aquellos sucesos.
Ríos dijo que crearán las bases para una Ley de Reparación Integral avanzando en el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social, construyendo y tendiendo puentes de confianza entre el Estado, las víctimas y sus familias.
Desde la llegada de Boric al poder, en marzo último, uno de los principales objetivos de su agenda siempre fue resarcir a las víctimas del estallido social de octubre de 2019, cuando fueron vulnerados los derechos humanos de decenas de miles de chilenos.
Vale recordar que el 18 de octubre de 2019 comenzó en esta capital un movimiento, impulsado por estudiantes, contra el alza de la tarifa del metro, el cual posteriormente se extendió por todo el país y demostró el descontento de la población con las desigualdades sociales y el modelo neoliberal.
Dicho estallido recibió olas de violenta represión por parte del gobierno de Sebastián Piñera, quien gastó gran parte de su capital político en pos de criminalizar a los manifestantes y desligitimar las protestas.
Según la prensa local, la represión de los carabineros dejó un saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y detenidos, y 460 personas con daños oculares producto del disparo de perdigones o bombas lacrimógenas.
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