Los agentes fueron sancionados por la llamada Masacre de Carandirú, con penas que varían de 48 a 624 años de prisión.
Barroso negó el recurso extraordinario presentado por los abogados de los policías, que impugnaba una decisión de la quinta sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La Procuraduría General de la República, a través de la opinión del procurador Luiz Augusto Santos Lima, también opinó de forma contraria al trámite.
En su decisión, Barroso rechazó el argumento de la defensa de que hubo violación de los principios del contradictorio, de la amplia defensa y del debido proceso legal.
Además, el ministro especificó en una serie de puntos que no hay «repercusión general» para justificar el recurso.
Tal repercusión es un instrumento procesal que posibilita que la Corte Suprema seleccione qué recursos analizará, de acuerdo con criterios de relevancia jurídica, política, social o económica.
En 2021 una decisión del STJ atendió al Ministerio Público de Sao Paulo y restableció las sentencias de los policías involucrados en la masacre, después que una cámara criminal del Tribunal del Jurado anulara los juicios.
La decisión de Barroso emergió en momentos en que se discute en la Cámara de Diputados un proyecto que prevé la amnistía de los policías condenados por participar en el caso.
El 2 de agosto la iniciativa fue aprobada en la Comisión de Seguridad Pública y Lucha contra el Crimen Organizado de la Cámara Baja.
Sancionado en votación simbólica, el texto aun necesita ser analizado por la Comisión de Constitución y Justicia de esa asamblea y después por el pleno.
En el informe presentado el diputado Sargento Fahur defendió la actuación de los agentes de seguridad, a los que calificó de héroes y comentó que deberían ser «condecorados por la valentía que requiere el valor que va más allá de los riesgos comunes».
La Masacre de Carandirú ocurrió el 2 de octubre de 1992, cuando una pelea dio inicio a un conflicto generalizado en un pabellón del centro de detención en Sao Paulo.
Fuerzas policiales allanaron el lugar y mataron a 111 presos, cada uno con un promedio de cinco disparos. Ningún agente murió y, según organismos humanitarios, a los reclusos se les aplicó la denominada ley de fuga.
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