El punto, en la avenida Petapa, frente a la casa de estudios, era uno de los tantos que en todo el país amanecieron bloqueados por diversas organizaciones civiles, indígenas y estudiantiles contra la corrupción, la cooptación del Estado, el alto costo de la vida y la criminalización de jueces, periodistas y defensores de derechos humanos.
Los agentes de la Policía Nacional Civil, junto a las fuerzas antimotines listas para lanzar bombas lacrimógenas, avanzaron contra los universitarios y los obligaron a retroceder hasta liberar el paso, comprobó Prensa Latina.
En el caso de los sancarlistas, además de apoyar las reivindicaciones sociales, protestan por el fraude electoral que llevó a la rectoría a Walter Mazariegos, ante lo cual exigen la repetición del proceso y mantienen tomadas varias sedes de la Usac a nivel nacional.
Según Provial, hasta el mediodía permanecían siete tramos carreteros obstruidos, entre ellos, los kilómetros 70, 140 y 188 de la CA-01 Occidente (ciudad capital a Huehuetenango), la CA-09 Norte, kilómetro 53 (ciudad capital a Izabal) y la CA-02 Occidente, kilómetros 149 y 216 (Escuintla a Tecún Umán, San Marcos).
Asimismo, la Franja Transversal del Norte en el kilómetro 420 Cruce de San Antonio, Raxuhá, Alta Verapaz.
La fuente confirmó, además, la liberación de tres puntos, el kilómetro 61 del Libramiento de Chimaltenango, el 37,5 de Palín Escuintla y el 173, Vado Hondo, en Chiquimula.
Las movilizaciones de este martes cobran especial relevancia en el Día Internacional de los pueblos indígenas, una población que crece, pero sigue siendo la más marginada y pobre por la falta de acceso a la salud y la educación, entre otros indicadores esenciales.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2018, el 44 por ciento de los guatemaltecos se identificó como maya, garífuna, xinca o afrodescendiente, lo cual equivale a poco más de 7,6 millones de personas.
En relación con la anterior medición (2002), hubo un incremento del tres por ciento, pero el 17 por ciento habita en áreas urbanas y un 36 por ciento en zonas rurales, donde están también los mayores índices de pobreza y desnutrición crónica, así como de migración ilegal.
Aunque algunos indicadores subieron, en general el 64 por ciento de la población indígena no pudo satisfacer al menos una de cinco necesidades básicas, calidad de vivienda, hacinamiento, acceso al agua y servicios sanitarios, educación primaria y capacidad de subsistencia. Esto sin tener en cuenta el impacto de la pandemia de la Covid-19 ni de las tormentas Eta e Iota de 2020, y de la actual crisis económica a nivel nacional y mundial.
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