Este martes y el lunes último, se desarrollaron las audiencias de primera declaración de Zamora, tras su captura el 29 de julio por los indicios de tráfico de influencias, chantaje y lavado de dinero, los cuales, fueron debidamente probados, según el juez séptimo Penal Fredy Orellana.
No obstante, la defensa del reconocido periodista demostró ilegalidades en las pruebas presentadas, el manejo del dinero para blanquear, 300 mil quetzales (38 mil 461 dólares) y en los audios.
Mientras llegue el juicio, Zamora permanecerá en prisión preventiva a petición del Ministerio Público y del abogado del denunciante por “peligro de fuga del país”, a pesar de que la defensa pidió medidas sustitutivas como arresto domiciliario.
En la vista de hoy, el director de elPeriódico -medio muy crítico contra la gestión del Gobierno,- justificó que la suma de dinero como base de la acusación era lícita y ofreció demostrar su procedencia, sin ningún éxito.
También Orellana decidió enviar a juicio a Samari Gómez, auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad por revelación de información confidencial reservada.
Tanto Gómez como Zamora fueron denunciados por Ronald García, un exbanquero acusado de corrupción en 2017 en el denominado caso Arca.
Desde su detención, en un operativo policial sin precedentes, que incluyó también la sede y talleres de elPeriódico, su fundador advirtió que se trataba de una conspiración fraguada en su contra por la postura crítica del diario contra la gestión de Alejandro Giammattei y su gabinete, la fiscal Consuelo Porras y el jefe actual de la Feci, Rafael Curruchiche.
Los mismos poderes que en el anterior gobierno sacaron a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad y montan casos contra jueces, magistrados y fiscales que les apoyaron, indicaron el pasado sábado en una carta más de 40 escritores, académicos y profesionales guatemaltecos, quienes exigieron la liberación inmediata de Zamora.
Este lamentable suceso -manifestaron- vulnera el derecho constitucional a la libre expresión del pensamiento y no es un hecho aislado, sino una ascendente persecución y control del periodismo independiente, como ya ocurrió a muchos comunicadores comunitarios y otros periodistas hoy en el exilio.
Según los tiempos anunciados por el juzgado en la audiencia de hoy, la Fiscalía tiene tres meses para desarrollar la investigación y el acto conclusivo se presentará el 9 de noviembre, en tanto la audiencia de etapa intermedia se fijó para el 8 de diciembre.
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