El Boeing 747-300 arribó a esta nación el 6 de junio con 19 tripulantes (14 venezolanos y cinco iraníes) y una carga consistente en piezas para compañías del sector automotor.
La aeronave intentó continuar viaje hacia Uruguay, pero fue denegado su ingreso a ese país y debió regresar al aeropuerto internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.
Pese a no detectarse irregularidades, el avión permanece en suelo argentino y su caso fue manipulado por grupos opositores que alegaron, incluso, supuestos vínculos de la tripulación con el terrorismo.
Lo anterior fue criticado por el presidente Alberto Fernández y el representante de la Agencia Federal de Inteligencia Agustín Rossi.
Recientemente, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó liberar la carga y a 12 de los tripulantes, pero les exigió presentarse una vez al mes de manera presencial o por medios digitales ante las embajadas argentinas en Irán y Venezuela.
Además, mantuvo la prohibición de salida y la retención de los documentos de viaje de los iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vaki Zadeh y los venezolanos Mario Arraga, Víctor Pérez y José García.
Pese a los reclamos de organizaciones y políticos, Villena ordenó la víspera cumplir con una solicitud de Estados Unidos de incautar la aeronave. Liberen al avión. No hay argumentos sostenibles, solo depender del mandato estadounidense, escribió Kreyness en su perfil en la red social Twitter.
La semana pasada, el capítulo argentino de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad repudió la retención del Boeing 747-300 y aseguró que las decisiones tomadas carecen de fundamento legal.
Asimismo, criticó la “insólita intrusión de un juez con procedimientos de más que dudosa legalidad” y la negativa de las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Shell a abastecer de combustible al avión, lo cual fue atribuido a amenazas de sanciones por parte de Washington.
La situación se agravó cuando, apelando a toda clase de arbitrariedades, el Departamento norteamericano de Justicia ordenó la incautación de la aeronave y convirtió este incidente en un capítulo más de la sucesión de robos que el imperio perpetra contra la Venezuela bolivariana, señala un comunicado de ese organismo.
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