Hay que pagar una deuda altísima, repartida por meses, pero en enero es de 800 millones y el gobierno tiene que conseguir esos fondos este año, explicó a Prensa Latina el economista Cesar Villalona, en una aproximación a las presiones que enfrenta el gobierno del presidente Najib Bukele.
Con ese fin negocia desde hace un año un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de mil 300 millones de dólares pero, esa entidad pone condiciones leoninas como aumentar el impuesto al consumo, reducir subsidios, el típico programa que rechazan los países que solicitan ayuda a un foro dominado por Estados Unidos, explicó.
La situación se complejiza mas cuando estadísticas señalan que el país hasta el 5 de agosto, tiene el riesgo más alto de Centroamérica con 25.91 puntos básicos respecto a los bonos estadounidenses, muy alejado de Honduras con 6.61, Costa Rica con 4.71, Guatemala con 2.61 y Panamá con 2.39.
También en la semana fue noticia la puesta en marcha por Bukele de un proyecto turístico en áreas de Surf City, en la costa del Pacifico, con el objetivo, según el mandatario, de impulsar uno de los motores más importantes de la economía salvadoreña, en la actualidad afectada por un alza de los precios de los productos básicos y una inflación superior al siete por ciento.
Según las autoridades con estas iniciativas se busca también que la economía salvadoreña tenga mayor dinamismo a través del turismo.
Las nuevas iniciativas gubernamentales apuntan a un mayor esfuerzo para fortalecer la llamada industria sin humo y colocar al país como un circuito competitivo a nivel internacional, en especial para el mercado estadounidense y europeo, indicaron fuentes del sector.
También en la semana destacaron la convocatoria por el Tribunal Supremo Electoral a elecciones presidenciales y para la Asamblea Nacional el 4 de febrero de 2024, algo que abre el debate sobre la constitucionalidad de una posible reelección continua del actual mandatario.
Asimismo fueron noticia la disminución de los homicidios en el país luego de la aplicación del Estado de Excepción y el cuestionamiento de la prorroga de esa medida aunque funcionarios del Gabinete de Seguridad elogian sus resultados.
Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) puso en evidencia las presuntas acciones irregulares e ilegales ejercidas contra la población salvadoreña en el marco de la persecución de la delincuencia y criminalidad del país, bajo el Estado de Excepción.
El tema genera polémica desde que el gobierno de Bukele lo puso en práctica el 27 de marzo del presente año, luego de ser aprobado por la Asamblea Legislativa, de mayoría del partido en el gobierno, a solicitud del mandatario.
Como telón de fondo a los avatares de la economía y la política, el llamado Pulgarcito de las Américas, es afectado por persistentes lluvias y tormentas eléctricas que provocaron daños a viviendas e instalaciones durante la semana.
mem/lb
