Las negociaciones comenzaron el pasado 13 de julio, en cumplimiento de uno de los puntos pactados por las partes en el Acta por la Paz, suscrita el 30 de junio último, con la cual se dio fin a 18 días de protestas populares.
El paro protagonizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) tuvo carácter nacional, territorial e indefinido.
Las demandas de esos colectivos tuvieron eco en organizaciones de campesinos, mujeres, trabajadores, estudiantes, unidos a las marchas para exigir al Ejecutivo soluciones a problemas de los sectores con menos ingresos, en áreas como el empleo, las deudas y créditos, la salud, la educación, seguridad social y minería ilegal, entre otras.
El Acta por al Paz estableció 10 mesas técnicas, que desde julio hasta octubre próximo evaluarían tópicos puntuales y sus respectivas soluciones, sin embargo, 30 días después, solo tres temas fueron tratados con avances reales en uno solo: la Banca pública y privada.
El subsidio focalizado a los combustibles y el Control de precios y especulación, dos de los detonantes de las marchas, permanecen en un impasse pese a las propuestas entregadas por el movimiento indígena.
«Hay un acta de compromiso firmada entre las dos partes para dar paz al país. Esto quiere decir que en cada mesa técnica debe haber una solución positiva para el beneficio de todos los ciudadanos ecuatorianos», señaló al respecto Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie.
Además, recalcó que como organizaciones sociales han dispuesto del tiempo requerido para ser parte de las conversaciones y evitar comentarios según los cuales los tildan de radicales, violentos e impositivos.
En un resumen general, Mariana Yumbay, del equipo técnico de la Conaie, advirtió que hasta el momento solo hay avances de alrededor del 60 por ciento en temas de deudas, la banca pública y privada.
Haciendo un balance no se avanzó mucho y no es por las organizaciones sociales, pues estas trabajaron y elaboraron las propuestas por escrito en cada uno de los puntos, con respaldo y fundamentación, enfatizó.
Desde esos colectivos, coinciden en que las respuestas del Gobierno son tardías, pues el pliego de demandas fue entregado desde hace más de un año y no satisfacen las verdaderas aspiraciones populares.
A su juicio, las negociaciones demuestran «falta de voluntad política» y solo en los tres primeros asuntos a abordar en un mes, poco se ha resuelto.
Uno de los problemas más acuciantes es el alza en productos de la canasta básica, tratado en el punto de Control de precios y especulación, paralizado en espera de una revisión de la administración nacional a las sugerencias para 44 productos básicos.
Datos del Instituto de Estadísticas y Censos indican que el costo de la canasta básica bordea los 750 dólares, mientras el salario básico es de 425 y abunda en el país el desempleo y el subempleo.
Las demandas, en ese sentido, están enfocadas a mejorar la vida de la mayoría de los ecuatorianos, pero a juicio del Gobierno, establecer control en ese aspecto ahuyentaría a los empresarios con inversiones o intenciones de hacerlas en el sector.
«Eso demuestra que el Gobierno protege a las grandes empresa que monopolizan los mercados y terminan imponiendo los precios que les convienen y no les interesa mirar la realidad del pueblo ecuatoriano, donde la mayoría está sumido en una crisis económica profundizada con la pandemia de Covid-19 y políticas neoliberales», estima Yumbay.
Mientras, el Ejecutivo habla de logros por la creación de una submesa para el punto de los combustibles y acuerdos sobre producción de información en materia de precios, mejoras a los mecanismos de control y políticas de acceso a servicios públicos.
rgh/scm
