La primera, el martes pasado, tuvo como protagonistas a los territorios, donde organizaciones indígenas y campesinas bloquearon 10 puntos carreteros y en otros casos se plantaron frente a las municipalidades para expresar su descontento, además, contra el alza del costo de la vida y la criminalización de defensores de derechos humanos.
El jueves último, la movilización de miembros de la Coordinadora General de Estudiantes de la Universidad San Carlos, el Comité de Unidad Campesina, la Asamblea Social y Popular y del Comité de Desarrollo Campesino, fue desde distintas arterias principales capitalinas rumbo al Congreso, Casa Presidencial y la icónica Plaza de la Constitución.
Nuevamente, las demandas estuvieron dirigidas a exigir el fin del gobierno de Alejandro Giammattei, así como a la persecución de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas, además de leyes en el Congreso para acallar la protesta.
«Mientras más engordan los corruptos, más flaco está el pueblo, Vamos a la calle, No nos callarán, Hagamos el paro, Todos contra la corrupción, El fraude se cae y Paremos la dictadura», fueron las consignas en mantas y pancartas de quienes participaron en las marchas por importantes arterias capitalinas.
De acuerdo con la organización indígena Waqib´Kej, «los pueblos originarios han sostenido la producción de alimentos y sobre sus hombros carga el olvido y el racismo de todo un régimen dictatorial, colonial, militar y la indiferencia de las poblaciones urbanas».
En el caso de los estudiantes sancarlistas, denunciaron el fraude electoral que llevó de facto a la rectoría a Walter Mazariegos, a quien no reconocen.
Ellos defienden la autonomía universitaria y el derecho a la educación de la única casa de estudios pública del país, razón por la cual mantienen tomadas desde hace meses varias sedes en esta capital y en otros departamentos como medida de presión contra Mazariegos y sus seguidores.
El descontento popular creció en las últimas semanas, además, ante la captura del fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, al frente de uno de los medios de mayor oposición al gobernante.
Zamora fue ligado a juicio el martes pasado y permanecerá en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero, un caso que el periodista considera un montaje y ataque directo para acallar a las voces discordantes.
Otro tema que desata temores y rechazo es una iniciativa de ley a examen de los diputados para regular el uso de la fuerza pública, la cual se considera como un paso más para criminalizar las protestas.
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