En un comunicado, Vale precisó que la CGU, pese a reconocer la no existencia de corrupción y que la máxima dirección de la sociedad estuvo ajena a irregularidades, impuso esa cantidad de capital como sanción.
La CGU concluyó que la compañía no presentó información irrefutable a la Agencia Nacional de Minería respecto a la represa que colapsó a las 12:28, hora local, del 25 de enero de 2019 en el barrio rural de Brumadinho, estado de Minas Gerais (sudeste).
Según la contraloría, hubo un acto lesivo en el suceso al calificar de positiva la estructura del yacimiento, de junio a septiembre de 2018, cuando debió ser negativa.
Cuando cedieron los diques de contención de la presa de Córrego do Feijao se liberó un torrente de lodo y residuos mineros (más de 12 millones de metros cúbicos) que arrasó con todo lo que encontró a su paso.
La desventura del depósito de Vale es la primera de grandes proporciones desde el accidente del 5 de noviembre de 2015 en el subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 kilómetros del centro del municipio de Mariana, también en esa división territorial.
Ese día, la ruptura de escolleras de la empresa Samarco, de la que Vale posee el 50 por ciento, ocasionó la muerte de 19 personas (18 cuerpos fueron rescatados) y el mayor desastre medioambiental de la historia nacional.
Sin embargo, la catástrofe de Brumadinho es la séptima en enlutar a Minas Gerais en los últimos 16 años, una media superior a una ruptura cada dos años (1,85). El rompimiento del embalse de Córrego do Feijao devastó un área equivalente a 300 campos de fútbol en la ciudad.
El área en la cual ocurrió el quiebre minero pertenece a la formación forestal de Mata Atlántica (formación vegetal neotropical presente en Brasil, Paraguay y Argentina), en transición para Cerrado (amplia ecorregión nacional de sabana tropical), que comienza a pocos kilómetros río abajo.
Considerando el área de lodo registrado, la pérdida de hábitat afectó incluso a conjuntos de bosques y fragmentó y dificultó la conectividad de esas áreas.
Desde el momento del infortunio, medios locales denunciaron en trabajaos periodísticos que empleados de la firma alemana TÜV Süd, contratada para valorar la seguridad del yacimiento, conocían de su bajo nivel de protección, sin embargo, emitieron certificados favorables por presión de los directivos.
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